Falta suelo

La consultora Atlas dice que se necesita construir unas 238.000 viviendas al año para llegar a los 2,7 millones que hacen falta de aquí a 12 años. Una de las principales causas es la carencia de suelo del que dice que del calificado en el planeamiento solo 24,46 % está urbanizado. Esto, aunque muchos no lo quieran escuchar y ofrezcan otras soluciones, es el auténtico problema que tiene la vivienda en España y del que es muy difícil salir a corto plazo. Se ha venido enquistando a lo largo de los últimos veinte años por una situación cultural e ideológica en aumento. Son cifras altamente preocupantes y no se deben solo al enfriamiento de la iniciativa privada sino además a la inacción de las administraciones y a la cada vez más fuerte inseguridad jurídica en el proceso urbanizador, aparte de ciertas condiciones impuestas en los planes que lo dificultan. No se trata de modificar la ley de arrendamientos urbanos ni de adoptar medidas de proteccionismo; cuando no hay no hay, y el precio de la vivienda sufre las consecuencias de la escasez, como ocurriría con el pan al reducir su producción, siguiendo el ejemplo de Stuart Mill, o con los huevos limitados por la gripe aviar. Estos dos ejemplos son de fácil recuperación, lo de la actividad inmobiliaria tiene obligatoriamente que verse sometido a unos plazos sensiblemente más largos; tanto que no se vislumbra una solución a la vuelta de la esquina. El deterioro se ha provocado por la actuación persistente de un activismo que ha contagiado a las administraciones hasta crear un conflicto prácticamente irresoluble de un día para otro. Es ideológico, como tantas otras cosas que, por su aplicación a ultranza, han hecho fracasar a ciertas políticas progresistas en Europa, que es nuestro entorno más cercano. Para resolverlo se recurre a sacar del cajón viejos proyectos, ponerse un casco y un chaleco amarillo y hacer ver que se toma una iniciativa que no va a producir efectos inmediatos. Como ejemplos, el plan Chamartín y la operación Campamento, que superan los cuarenta años desde su primer planteamiento. No vale culpar a las administraciones locales y autonómicas porque ellas solas no son las responsables de la animadversión al proceso edificatorio que se ha implantado en paralelo con ciertas políticas woke. Se habla de que los propietarios no deben ser exonerados de las limitaciones a que obliga la protección de las viviendas. Ese no es el problema, aunque sea una medida positiva en una sociedad de libre mercado. Tampoco se resuelve nada afirmando que se lucha contra la especulación, que es un factor que se le supone al propietario y a la empresa. Quizá la crisis que sufrimos provenga de la imposible convivencia de ideologías liberales con otras intervencionistas que tienen como objetivo llegar al totalitarismo, o creer equivocadamente que ya han llegado. El problema de la vivienda es causa de una forma de pensar, mientras no resolvamos eso no arreglaremos nada.