El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer proseguir con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual tras rechazar las enmiendas a la totalidad del PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Nieves Lady Barreto, apuntó que la ley tiene la función de “regular de forma ordenada” el servicio público de comunicación audiovisual y que cuenta con el aval de Consejo Consultivo -aunque alerta de inconstitucionalidad de algunos artículos- y del Consejo Económico y Social.
Aseveró que se respeta el “pluralismo democrático”, pese a que coincidan la Junta de Control y el mandato del Parlamento, y añadió que se han incorporado medidas pactadas con el sindicato mayoritario de RTVC, que los servicios informativos no sean subcontratados y que se subrogue el personal.
Los grupos que respaldan al Ejecutivo se comprometieron a tratar de buscar el consenso en la tramitación parlamentaria. Sin embargo, los partidos de la oposición mostraron su escepticismo al percibir que el objetivo es “someter” el ente público RTVC al “control y directrices” del Gobierno y de su presidente, Fernando Clavijo.
La diputada del PSOE Nira Fierro calificó la normativa de “ley Clavijo”, porque, a su juicio, el propósito es el control de RTVC a un año de las elecciones autonómicas, y reprochó al cuatripartito “la imposición de un modelo del que se pretende excluir a la oposición” parlamentaria. Con esta regulación se “revienta” el control parlamentario de RTVC al elegir el Gobierno al director general y otorgarle “plenos poderes” a un “comisario político” que podrá nombrar directivos “a su gusto” y gastarse lo que quiera”.
Carmen Hernández (NC-BC) alertó de “un retroceso democrático” y denunció una “ilegalidad”, porque, arguyó, “vulnera la Constitución”.
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