Ya es oficial. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles un movimiento estratégico para proteger la economía de las islas. Ante la inestabilidad generada por la guerra en Oriente Medio, el Ejecutivo convocará la próxima semana a los siete grupos parlamentarios para fijar medidas urgentes que compensen la escalada de precios.
Durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, el presidente canario ha confirmado que el vicepresidente, Manuel Domínguez, ya lidera el estudio de acciones concretas para “amortiguar el golpe” financiero que amenaza al Archipiélago. Estas medidas se coordinarán, en la medida de lo posible, con las directrices que apruebe el Gobierno central.
Un respiro para el bolsillo: rebaja en la gasolina
La medida más esperada y con mayor impacto directo en la ciudadanía se centra en la fiscalidad de los hidrocarburos. En una reciente entrevista concedida a la Cadena Ser, Clavijo adelantó que su Ejecutivo baraja seriamente bonificar o retirar el margen fiscal autonómico de los carburantes.
Esta decisión se activaría especialmente si el conflicto bélico se prolonga más allá de los tres meses, evitando así que el encarecimiento del transporte lastre la recuperación económica de las Islas. “El Gobierno está trabajando en ello y queremos, al menos, compartir y escuchar las propuestas”, señaló el líder nacionalista, subrayando la voluntad de consenso con el resto de fuerzas políticas.
Consenso parlamentario frente a la crisis
La ronda de contactos con los grupos parlamentarios busca crear un frente común ante una situación de incertidumbre global. El departamento dirigido por Manuel Domínguez ya analiza el impacto de retirar el tramo autonómico del impuesto, una medida que supondría un alivio inmediato para transportistas, empresas y familias canarias.
Con este anuncio, el Gobierno de Canarias intenta adelantarse a un posible escenario de inflación descontrolada, marcando una hoja de ruta centrada en la flexibilidad fiscal y el diálogo institucional para proteger el poder adquisitivo en el Archipiélago.
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