El análisis del suelo urbano consolidado disponible elaborado por el Observatorio Canario de la Vivienda (Obvia) pone de relieve la existencia de capacidad edificatoria suficiente para aproximadamente 125.024 viviendas, lo que confirma que “el planeamiento vigente ofrece un margen relevante para poder incrementar la oferta residencial sin necesidad de incorporar nuevo suelo”. De esa cantidad, el 41,3% corresponde a la isla de Tenerife: 51.651 casas, 17.001 suelos (de un total de 41.814 en toda Canarias) y 6.859.496 superficies de parcela en metros cuadrados (6.859.496 en el global regional). A continuación figura Gran Canaria: 45.022, 14.666 y 4.346.075. Para Lanzarote se calculan 10.903 unidades; Fuerteventura, 8.983; La Palma, 5.537; La Gomera, 1.622, y 1.306 en El Hierro.
El estudio promovido por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) constata que, desde la crisis financiera, el ritmo de construcción de vivienda se ha visto estructuralmente reducido, incluso en contextos de recuperación económica y aumento de la demanda residencial. Esta circunstancia evidencia que el principal desafío no reside en la disponibilidad física de suelo, sino en su “activación efectiva y capacidad para convertirlo en vivienda final, condicionada por limitaciones administrativas, excesiva complejidad de la legislación urbanística, capacidad operativa de las administraciones competentes y por el incremento exponencial de los costes de construcción”. El trabajo se basa en el tratamiento de datos urbanísticos y catastrales mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica. Se identifican más de 41.800 parcelas calificadas como suelo urbano consolidado con potencial residencial, lo que confirma que el planeamiento vigente “ofrece margen suficiente para incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de reclasificar nuevo suelo”.
La prospección pone de relieve que, aunque el ritmo de construcción de vivienda se ha acelerado desde 2023, sigue siendo estructuralmente bajo si se compara con los años anteriores a la crisis financiera, a pesar de que la demanda actual no deja de crecer. Entre los factores que explican esta situación, el informe menciona la complejidad de la normativa urbanística, las limitaciones en la capacidad de gestión administrativa y el aumento sostenido de los costes de construcción.
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