Un grupo de docentes interinos que han sido declarados no aptos, cesados o retenidos en listas por motivos relacionados con su salud denuncian que “no son casos aislados” ya que en el pasado curso tienen constancia de más de veinticinco afectados.
Recalcan que es una problemática que los sindicatos llevan años denunciando sin que se haya producido una revisión pública y transparente de los procedimientos aplicados.
No hay una única situación ni perfil, entre los afectados se encuentran personas con discapacidad reconocida y certificados oficiales de capacidades residuales que acreditaban su aptitud para la función docente, profesores en situación de incapacidad temporal de corta duración, algunos se habían incorporado cuando llegó el cese, etc.
Consideran que hay un problema estructural en el funcionamiento del procedimiento y cuestionan la forma en que se desarrollan determinados procedimientos. En estos expedientes, la valoración suele basarse fundamentalmente en el acceso a la historia clínica y en una entrevista presencial inferior a 10 minutos, en ocasiones ni siquiera hay cita sino comunicación electrónica del cese.
Denuncian estar indefensos ante la falta de transparencia, desconocer las razones médicas por las que los informes fueron descartados o considerados insuficientes. Además se les niega el acceso al expediente, actas, notas, registros, nombre y justificación del acceso a la historia clínica con las respectivas conclusiones y la identificación de los miembros de la comisión.
Recalcan que la Comisión de Evaluación Médica emite informes, pero no cesa docentes, es la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado quien remite los casos a evaluación médica, recibe los informes, tramita los procedimientos, analiza las alegaciones, resuelve los recursos administrativos y firma las resoluciones.
Desconocen qué criterios objetivos utiliza la Consejería para decidir qué docentes son enviados a evaluación médica y cuáles no, cuando hay situaciones aparentemente similares y diferencias de tratamiento.
Llama la atención que, mientras la Consejería afirma trabajar para adaptar los puestos de trabajo a las necesidades del profesorado, existan docentes que solicitaron una adaptación preventiva para continuar trabajando y terminaron siendo expulsados. Muchos interinos que tienen temor a comunicar problemas de salud, solicitar adaptaciones al puesto de trabajo o incluso a aceptar una baja médica por si pierden su destino o no vuelven a trabajar.
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