Una modificación del Plan General supone un plazo demasiado largo en su tramitación para solventar de forma urgente el problema de la vivienda. Madrid ha ideado un Plan Estratégico Municipal (PEM) cuyas determinaciones tengan mayor rango que las del planeamiento general y puedan imponerse a las de este. No parece que haya sido mal recibida la idea por los partidos políticos, salvo las consiguientes críticas de carácter ideológico. Pero, ya se sabe, la crisis de la vivienda no está para cogérsela con papel de fumar. Según parece, el encaje jurídico está garantizado. Se trata de una modificación de la ley para otorgar un rango especial a nuevas figuras urbanísticas que aportan una solución rápida y administrativamente correcta a los problemas que los sondeos señalan como los más urgentes de la sociedad. Dicho en otras palabras, de la clase social trabajadora. El término densificación tendrá que soportar la oposición de conceptos instalados en los últimos años, relacionados con el proteccionismo ambiental, que seguramente, por su aplicación en exceso, han sido los responsables de que hayamos llegado a la situación actual. Hemos aumentado la población en casi diez millones y el parque de viviendas sigue siendo prácticamente el mismo, y esto requiere una solución urgente, sin detenerse en debates de otro calado. En cualquier caso, los habrá. No les quepa la menor duda. El urbanismo español ha pasado por vicisitudes de anquilosamiento y, sobre todo, de denigración moral como técnica bajo sospecha, casi siempre desde el sector que no conoce su funcionamiento. Desde la Ley Mangada, de 1992, promovida desde el gobierno de Joaquín Leguina, en la Comunidad de Madrid, y las distintas adaptaciones regionales, provenientes de la delegación de competencias que hizo la Constitución a las comunidades autónomas en esta materia, hasta la explosión de los auténticos problemas de carencia a los que las administraciones no han sabido, o no han querido hacer frente, por miedo a las críticas de los movimientos woke, la planificación ha tendido a la congelación de las expectativas urbanísticas sacrificando las necesidades de las clases más necesitadas: los jóvenes y las familias con rentas más bajas. Ha llegado el momento en que la gente no aguanta más. Quizá esa sea una de las advertencias que habría que tener en cuenta para explicar la crisis del progresismo. Si alguien no lo ve es porque está ciego. No conozco el texto del proyecto de ese nuevo PEM, pero me suena bien. Ataca el problema por uno de sus lados más sangrantes: el corsé administrativo que ralentiza la modificación de los planes y, por tanto, el proceso edificatorio. Harían bien las fuerzas políticas en apoyarlo, pero me temo que harán todo lo contrario, arruinando el futuro de la gente en aras de imponer un relato que les aporte recuperar la iniciativa en la llamada agenda política. En mis tiempos no había agenda, ni asesores, y los problemas de resolvían con el consenso de todos sin mirar quién se iba a llevar los votos por acometer las soluciones más audaces. Harían bien otras comunidades en imitar estas iniciativas.


