Santiago Pérez ha formalizado su retirada como acusación popular en el Caso Reparos de La Laguna al discrepar del último auto de la Audiencia Provincial, que archivó la investigación para ocho de los nueve encausados y dejó únicamente bajo investigación al exalcalde José Alberto Díaz por la prórroga del contrato de limpieza.
El exsenador socialista considera que el tribunal cometió “errores evidentes” al cerrar la causa sobre 127 decretos vinculados a pagos de mas de 60 millones de euros, pese a los reparos formulados durante años por la Intervención municipal. A su juicio, no puede reducirse a simples irregularidades administrativas una práctica que los propios informes internos calificaban de nula de pleno derecho.
–¿Cree que la Justicia está aplicando dos varas de medir distintas según el signo político de los investigados en los casos de corrupción? “Sí. Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento. Y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados “ultraperiféricos”, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.
–¿Qué papel ha jugado la Fiscalía en el desarrollo del Caso Reparos? “La Fiscalía del Tribunal Supremo, en su escrito de 5 de agosto de 2022, enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, pese a los contundentes reparos formulados por la Intervención General. Y la Fiscalía Anticorrupción en Canarias los calificó en todos sus informes como “delito continuado de prevaricación”. Fue también la Fiscalía del Tribunal Supremo la que subrayó que “la reiteración en esa práctica pone de manifiesto la concurrencia de los requisitos del tipo penal de prevaricación administrativa”. El mismo criterio lo mantuvo la Fiscalía Anticorrupción hasta que, súbita e injustificadamente, cambió de criterio el fiscal Romeral, mano derecha de Manuel Luzón, el mismo que ha sancionado a Carmen García Cerdá, la fiscal del Caso Montoro, simplemente por querer investigar”.
–¿Ha sufrido presiones para que desistiera en este largo procedimiento? “Cuando Marchena y la Sala II decretaron el archivo de los decretos dictados por Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso. No lo presenté ante el propio Marchena porque no acepto tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie, cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes. Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples “medianeros” de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la Dirección del Grupo Socialista del Senado que, si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.
–¿Ha sufrido represalias por recurrir los sucesivos archivos del Caso Reparos? “Sabía que podría sufrir represalias. En mi caso, el castigo fue apartarme del escaño de senador en representación de Canarias”.
“En todo lo que se refiere a La Laguna nunca he aceptado órdenes de nadie. Y, en este y en otros casos, como el de “Las Teresitas”, siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.
–¿Cree usted que Coalición Canaria ha exigido este tipo de contrapartidas para pactar con el PSOE o a cambio de su apoyo parlamentario? “Por supuesto. Y no es la primera vez que, además de lo que llaman la “Agenda Canaria”, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el Caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.
–¿Tiene un cargo público la obligación legal de personarse y ejercer la acusación popular en casos de corrupción? “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.
–¿Por qué ha decidido dejar la acusación popular en el Caso Reparos? “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular, que es un derecho, porque el Juzgado de Instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la “amnistía” que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón, ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.
–¿Estamos hablando de la misma Sala II del Supremo que ha rechazado la amnistía a los dirigentes del Procés? “Sí. Es como si para la Sala II del Supremo hubiera también dos clases de amnistía. La que concedieron las Cortes Generales, que representan a la soberanía popular, a los líderes del Procés, y que la propia Sala ha desobedecido como gato panza arriba. Y la que concede la propia Sala, saltándose el Código Penal y el pleno sometimiento a la ley que debe aplicarse hasta en la más lejana ultraperiferia. ¿Serán rescoldos del viejo “consenso colonial” entre la metrópoli y las oligarquías criollas a este o al otro lado del Atlántico? ¿O será la resurrección de aquello de que la ley “se acata pero no se cumple” en las colonias?”
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