La Ley del Suelo encara una nueva etapa en Canarias. El Parlamento autonómico debatirá una modificación que plantea cambios importantes en la ordenación del territorio, la vivienda y los procedimientos administrativos. Hoy queremos conocer, de la mano de Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, qué va a suponer esta reforma, cuáles son sus objetivos y qué puede cambiar para el Archipiélago.
¿Cómo pretende el Gobierno facilitar el acceso a la vivienda a través de la Ley del Suelo?
“Los decretos ley aprobados en los años 2024 y 2025 buscan poner herramientas que faciliten la disponibilidad de viviendas en Canarias. La modificación de la Ley del Suelo va en esa misma línea, aunque es una herramienta parcial dentro de un problema mucho más amplio”.
-¿Qué se quiere cambiar con esta reforma?
“La ley del Suelo de 2017 se considera una buena norma porque protege el territorio, evita seguir extendiendo el suelo rústico y descentraliza la toma de decisiones: los ayuntamientos gestionan su planeamiento y los cabildos, la ordenación insular. Sin embargo, han pasado nueve años y la realidad de Canarias ha cambiado. Por eso, el Gobierno ha trabajado con cabildos, ayuntamientos, técnicos y otras administraciones para revisar el texto. La intención es eliminar trámites, acelerar procedimientos y aclarar interpretaciones que generaban dudas. La crisis de la vivienda, el reto demográfico y la recuperación de zonas industriales y turísticas exigen adaptar la normativa”.
-¿Por qué es necesario modificarla ahora?
“Porque han surgido nuevas necesidades. Entre ellas, facilitar que los ayuntamientos puedan promover vivienda pública, afrontar la despoblación de los asentamientos rurales y favorecer que la población se mantenga en esas zonas. También es necesario proteger la actividad agrícola y ganadera y generar movimiento económico en el suelo rústico”.
-¿Cuáles son las principales prioridades de la nueva ley?
“La primera es mantener la protección del suelo. No se pretende crear más suelo ni ampliar el territorio urbanizado, sino trabajar sobre lo que ya existe y mejorar los espacios urbanos, protegidos, industriales y turísticos. Otra prioridad es clarificar la norma para que ciudadanos y técnicos entiendan mejor sus conceptos y evitar duplicidades. También se busca reducir los plazos y agilizar las licencias, especialmente para construir viviendas. En este sentido, se quiere facilitar la puesta a disposición de suelo y aumentar la colaboración con los ayuntamientos. El reto demográfico es otro de los ejes, sobre todo en las islas occidentales y en municipios que no crecen o pierden población. La reforma pretende impulsar su actividad económica y social. Por último, se quiere mantener el suelo agrícola y ganadero, incorporando actividades complementarias que refuercen el sector primario y hagan viable la vida en las zonas rurales”.
-¿Cómo se reforzará la protección del territorio?
“Además de mejorar los espacios ya ocupados, se prevé endurecer las sanciones por actuaciones contra el territorio y el medio ambiente. También se ampliarán los plazos para tramitar expedientes. Actualmente existe la percepción de que, si la Administración no responde en cuatro años, determinadas actuaciones pueden terminar prescribiendo. La reforma pretende evitar que ese plazo se convierta en un incentivo para actuar contra la normativa”.
-¿Qué cambios se plantean respecto a los plazos de prescripción y las sanciones?
“La reforma pretende ampliar prácticamente al doble el plazo de prescripción de las actuaciones ilegales, que actualmente se sitúa en cuatro años. También se endurecerán las sanciones, no con un objetivo recaudatorio, sino para evitar que la población perciba que ocupar el territorio de manera ilegal resulta sencillo o sale rentable. Al mismo tiempo, se busca reducir los plazos burocráticos. La normativa estatal establece procedimientos que pueden durar entre uno y tres meses, o entre uno y seis, pero muchos de esos tiempos respondían a una Administración que trabajaba con documentos físicos. Ahora, con la digitalización, se pretende apurar los plazos y evitar duplicidades, como tramitar dos procedimientos de forma paralela sin necesidad”.
-¿Qué supondrá pasar de 210 a 160 días en la tramitación del planeamiento?
“Es una reducción importante que beneficiará tanto a la ciudadanía como a quienes quieran invertir o poner en marcha una iniciativa. Contar con plazos más razonables ofrece mayores garantías y puede animar a la construcción de viviendas y a nuevas inversiones. No obstante, los retrasos no dependen únicamente del texto legal, sino también de los medios y la estructura administrativa de cada ayuntamiento. La reforma pretende ayudar a que los procedimientos sean más ágiles”.
-¿Puede aportar esta ley soluciones a la situación de la vivienda en Canarias?
“La nueva ley se suma a los decretos aprobados anteriormente. Uno de los objetivos es que los ayuntamientos con dificultades en sus oficinas técnicas puedan recibir apoyo externo a través de empresas públicas, colegios profesionales o iniciativa privada. Esta posibilidad ya está regulada y se incorporará al nuevo texto. También se quiere aumentar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida. Cuando se desarrollen nuevos planes parciales o se ponga suelo en marcha, se plantea que haya mayores cesiones para que las administraciones puedan disponer de terrenos y destinarlos a la construcción de vivienda pública. La solución no depende exclusivamente del Gobierno de Canarias. Es un problema global en el que intervienen distintas administraciones, pero el Ejecutivo pretende utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance: legislación, medios propios, asistencia técnica y subvenciones para el planeamiento”.
-¿Qué papel tendrán los pequeños municipios y las zonas rurales?
“Los municipios de menos de 10.000 habitantes sufren especialmente la despoblación. La falta de servicios e infraestructuras hace que muchas personas se trasladen a zonas con mayor oferta y calidad de vida. Por eso, la reforma quiere reconocer un estatus especial para los municipios afectados por el reto demográfico. Se prevén beneficios como la prioridad en infraestructuras, mejores condiciones para acceder a subvenciones y ayudas del Gobierno de Canarias, así como asistencia técnica para tramitar licencias o desarrollar el planeamiento. El objetivo es que estos municipios puedan crecer, mantener su población y conservar parte del patrimonio histórico y rural de Canarias”.
-¿Qué se pretende hacer con la actividad turística en los asentamientos rurales?
“La intención es potenciar el turismo en aquellos municipios que necesiten actividad económica, pero sin perder su identidad. Los asentamientos rurales no deben convertirse en zonas turísticas convencionales. Se apuesta por una actividad compatible con su carácter, vinculada también a la rehabilitación y conservación del patrimonio”.
-¿Qué papel debe jugar el turismo en los municipios rurales?
“El turismo debe ser una actividad complementaria que ayude a mantener y fijar población, no una vía para convertir los asentamientos rurales en municipios dedicados exclusivamente al turismo. La intención es que islas como La Palma, La Gomera y El Hierro puedan disponer de pequeñas bolsas de suelo turístico y desarrollar esta actividad de forma proporcionada, adaptada a sus necesidades y sin perder su identidad”.
-¿Qué puede cambiar para las personas que trabajan en el sector agrícola y ganadero?
“Se pretende potenciar actividades económicas complementarias a la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, bodegas, tiendas de productos o recuerdos, restauración y otras iniciativas vinculadas a las explotaciones. Estas actividades permitirían generar una segunda fuente de ingresos y hacer más viables las explotaciones agrícolas y ganaderas. También se está estudiando la posibilidad de facilitar que quienes trabajan en estas actividades puedan fijar su residencia en suelo rústico, cerca de sus explotaciones. Es una demanda especialmente planteada desde las islas occidentales, aunque todavía se encuentra en fase de análisis”.
-¿Se mantendrán las medidas aprobadas antes de esta reforma?
“Sí. Las medidas que el Gobierno ya había activado para responder a las necesidades existentes seguirán recogidas en el nuevo marco legal. Entre ellas están la agilización de licencias y el trabajo sobre el planeamiento. La reforma incorporará así iniciativas que ya están en vigor y que forman parte del proceso de modernización de la normativa”.
-¿Cómo resumiría el consejero este nuevo proyecto de ley?
“Es una reforma que mantiene la esencia de la Ley del Suelo de 2017. No pretende convertir suelo rústico en urbanizable ni crear nuevos espacios urbanizados. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a los municipios afectados por el reto demográfico”.
-¿Qué espera el Gobierno durante la tramitación parlamentaria?
“El Ejecutivo considera que el texto llega al Parlamento bastante consolidado, después de aproximadamente un año y medio de trabajo y diálogo con los ayuntamientos y cabildos. Ahora se espera que continúe el consenso y que los grupos parlamentarios puedan aportar nuevas visiones al articulado. La intención es tramitarlo con la mayor rapidez posible, aunque se reconoce que el final de la legislatura exigirá un esfuerzo importante. El Gobierno defiende que la aprobación de la ley será beneficiosa para Canarias”.
-¿Qué importancia tendrán los servicios básicos en los municipios rurales?
“Serán fundamentales. El reconocimiento de los municipios de reto demográfico permitirá que sus carencias se tengan en cuenta al planificar nuevas infraestructuras y servicios. Se pretende que estos ayuntamientos tengan prioridad y puedan recibir un impulso para garantizar el futuro del campo, el paisaje y el suelo rural. También se plantea trabajar con el concepto de centralidad: que varios municipios compartan determinados servicios e infraestructuras, evitando duplicar inversiones y recursos”.
-¿En qué punto se encuentra actualmente la reforma?
“El texto está en fase de análisis por parte del Consejo Consultivo de Canarias. Una vez que estén incorporadas sus aportaciones, el Gobierno prevé enviarlo al Parlamento, donde comenzará la tramitación ordinaria de una ley. A partir de ese momento, será necesario trabajar con los grupos políticos para alcanzar acuerdos y conseguir su aprobación”.
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