En Canarias cinco personas fueron detenidas por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en la noche de este jueves tras ser descubiertas ocupando una vivienda en el barrio de La Isleta mientras su legítima propietaria, una ciudadana británica, se encontraba fuera de Canarias. La situación fue descubierta cuando, tras regresar a la isla luego de tres meses de ausencia por motivos familiares, la mujer encontró su casa habitada por desconocidos y alertó a un vecino, quien inmediatamente contactó con un agente de la Policía Local.
Este suceso vuelve a poner el foco sobre el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en zonas urbanas de Canarias, una problemática creciente en algunos puntos del archipiélago.
La actuación policial tuvo lugar en una casa terrera ubicada en la calle Fontanales. Cuando los agentes llegaron al lugar, la propietaria, visiblemente alterada, explicó que vivía allí con su hija menor de edad y que al regresar a Canarias desde el Reino Unido encontró su casa ocupada. Para acreditar la titularidad del inmueble, presentó su NIE (Número de Identidad de Extranjero), donde figuraba claramente la dirección de la casa como domicilio habitual. La mujer, que no se atrevió a entrar sola, aguardó la llegada de los agentes para acceder al interior.
5 jóvenes detenidos en Canarias por la ocupación ilegal
Los cinco jóvenes, con edades entre los 22 y los 24 años, permitieron el acceso a la vivienda a los agentes. Una vez dentro, la Policía Local comprobó la existencia de daños en algunos objetos personales y enseres de la propietaria. Preguntados por su presencia en el inmueble, los ocupantes alegaron que habían comprado la casa a una tercera persona, quien supuestamente les indicó que la propiedad estaba deshabitada. Esta afirmación carecía de fundamento legal y no pudieron aportar documentación alguna que respaldara la supuesta compra.
Los agentes informaron a los jóvenes de que la vivienda estaba ocupada de forma habitual por su legítima propietaria, y que, por tanto, debían abandonarla de inmediato. En el proceso de desalojo, cuando los ocupantes recogían sus pertenencias, la mujer identificó una de las maletas como suya. Esta situación motivó la detención inmediata de los cinco individuos por un presunto delito de allanamiento de morada.
El caso se encuentra ahora en manos del juzgado de guardia y vuelve a poner en el centro del debate el problema de las ocupaciones ilegales en Canarias, una realidad que preocupa tanto a residentes como a propietarios extranjeros que eligen las islas como lugar de residencia o segunda vivienda. En este contexto, Las Palmas de Gran Canaria no es una excepción. La creciente demanda de vivienda en determinadas zonas y la escasez de alquileres asequibles están generando tensiones sociales que se ven reflejadas en incidentes como este.
Las autoridades locales de Canarias han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de agilizar los protocolos legales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para evitar que casos como este se multipliquen. Además, el hecho de que la afectada en este caso sea una ciudadana británica refuerza la imagen de Canarias como un destino atractivo para residentes internacionales, lo que también genera retos a nivel administrativo y de protección de la propiedad.
La ocupación ilegal se ha convertido en una de las preocupaciones crecientes en muchas localidades de Canarias, especialmente en áreas céntricas o turísticas, donde las propiedades vacacionales pueden quedar temporalmente deshabitadas. Las Palmas de Gran Canaria, como capital insular, concentra una gran parte de estos casos, al igual que otros municipios costeros del archipiélago. Este tipo de delitos, aunque no extremadamente frecuentes, sí están siendo cada vez más visibles y generan inquietud entre los ciudadanos y propietarios tanto locales como foráneos.
Con este nuevo caso de allanamiento en Canarias, las fuerzas de seguridad insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar ocupaciones irregulares. La rápida actuación de la Policía Local en este incidente ha permitido restituir la vivienda a su propietaria y evitar mayores perjuicios. Sin embargo, el suceso refleja una realidad que afecta a muchas personas en Canarias, donde la protección del derecho a la propiedad convive con el desafío de garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de presión urbanística y escasez habitacional.