España aumenta su deuda a un ritmo galopante en el último mes. La urgencia de contar con fondos para hacer frente a los subsidios y planes de rescate desplegados por el Gobierno para mantener a duras penas a flote a la economía nacional, le ha llevado a pisar el acelerador hasta alcanzar una velocidad de crucero de 632 millones de euros al día.
El montante es más que considerable si se tiene en cuenta que hace solo un mes y medio el Tesoro Público rebajó sus previsiones de emisión anual en 15.000 millones de euros. Un movimiento que alivió la factura total estimada por la institución en mayo en la que se apuntaba a un ritmo de endeudamiento de 700 millones de euros al día. Una cifra que este mes se ha quedado muy cerca.
A lo largo de los últimos 30 días, el ‘debe’ del Estado español ha engordado en 18.966,84 millones de euros. Y la cifra podría haber sido incluso mayor si el Tesoro Público no hubiera tirado de la mayor de las prudencias en algunas colocaciones celebradas en este periodo.
Subastas prudentes
En varias de las subastas de este último mes, el organismo que dirige Carlos San Basilio ha preferido quedarse corto frente al tramo alto de sus objetivos. Algo que ocurría este mismo jueves en la última llamada de España a la ventanilla de los inversores prevista para este noviembre. Y todo ello con tal de conseguir tipos más favorables para las arcas públicas para aliviar el impacto de este acelerado ritmo de endeudamiento.
Tanto es así que, aunque el Tesoro no deja de presumir de elevados niveles de sobredemanda, en muy pocas de las últimas emisiones se ha procedido a colocar el importe máximo previsto. Tampoco se ha estimado conveniente lanzar subastas sindicadas -por las que apuesta con decisión el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021- ni sobrepasar los umbrales máximos previstos en las emisiones celebradas en este último mes.
Dos préstamos
Y eso que los compromisos de las arcas públicas van en aumento. Tanto es así que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó un crédito de 6.000 millones para la Seguridad Social y otro de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Al día siguiente quedaba reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se mencionaba que este importe “se financiará con cargo a deuda pública”.
Aunque fuentes próximas al Gobierno descartan que esto vaya a suponer incrementar las previsiones de emisión vigentes a poco más de un mes de que acabe el ejercicio, la posibilidad está sobre la mesa. Especialmente, avisan algunos economistas, si los ERTE se van convirtiendo poco a poco en despidos y el Estado tiene que hacer frente a un continuo goteo de prestaciones por desempleo mucho más costosas que las que se asumen por estas suspensiones temporales.
‘Madame’ Lagarde
En medio de estas tensiones, el gran aliado de las necesidades de financiación del Gobierno español ha sido el Banco Central Europeo (BCE). La presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha repetido por activa y pasiva que en diciembre procederá a una amplia “recalibración” de sus herramientas de estímulo y ha apuntado con poco disimulo hacia un incremento de los programas de compra de deuda soberana en el mercado secundario.
Este es el escenario en el que se entiende que, a pesar de que las previsiones macroeconómicas no dejan de situar a España como uno de los países más sacudidos por la pandemia, este mismo jueves se haya conseguido un nuevo récord de tipos negativos para una emisión de bonos a cinco años. Una referencia en la que el ‘debe’ del país ha engordado en 1.357 millones este mes.
A lo largo de las subastas celebradas en estos últimos 30 días, cuatro como suele ser habitual si no hay emisiones fuera de calendario, España ha adjudicado papeles de deuda soberana por 8.966,84 millones de euros. El endeudamiento del país ha crecido en 5.494,45 millones en bonos y obligaciones a largo vencimiento -entre cinco y 20 años- y en otros 3.472,39 millones en letras a más corto plazo, entre tres meses -el mínimo que se contempla para estos papeles- y 12 meses.
A estos números hay que sumar 10.000 millones más que el Gobierno ha conseguido sacar de la partida de emisión de nueva deuda pero que también tienen la condición de tenerse que devolver. Aunque sea con condiciones favorables.
Fondos europeos
Esta partida añadida es la que se corresponde con el capital recibido ya del fondo europeo de garantía al desempleo, más conocido por el acrónimo SURE. España recibió el pasado 27 de octubre un primer préstamo de 6.000 millones de euros. La segunda inyección llegó el 17 de noviembre, por otros 4.000 millones. Ese mismo día, el Tesoro emitía letras por 1.020 millones.
Mientras estos préstamos blandos van llegando desde Bruselas, el dinero de los fondos de reconstrucción Next Generation a los que el Gobierno español ha fiado buena parte de la cuadratura de sus cuentas de 2021 sigue atascado. Si los díscolos Polonia y Hungría no dan su brazo a torcer y desbloquean este paquete, las cosas se podrían poner más difíciles a este lado de los Pirineos.
Amenaza
Muy probablemente, el ritmo de endeudamiento actual terminaría quedándose corto. Y es que el Gobierno tendría que encontrar reemplazo para nutrir las arcas públicas de manera que pudiera afrontar sus crecientes compromisos si el rescate comunitario no llega con la urgencia que se le preveía.
Aunque la misma vicepresidenta Nadia Calviño le reste importancia, dificultades añadidas para unas finanzas públicas de complejo sostenimiento incluso sin estos contratiempos. Tanto es así que, a día de hoy, España tendría que crecer al 7,5% en los próximos cinco años para volver al nivel de endeudamiento previo al estallido de la pandemia y su consiguiente azote a la economía nacional.