Las alcaldesas de Güímar y Candelaria al banquillo: la fiscalía pide 4 años por los vertidos ilegales
La alcaldesa de Candelaria y la exalcaldesa de Güímar y Candelaria se sientan en el banquillo el próximo febrero por presuntos delitos medioambientales y prevaricación relacionados con las aguas residuales del Polígono Industrial.
En el caso de Güímar y Candelaria, la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y hasta trece de inhabilitación especial para Mari Brito, alcaldesa actual de Candelaria, y Carmen Luisa Castro Dorta, exalcaldesa de Güímar y Candelaria, por su presunta responsabilidad en la gestión de los vertidos de aguas residuales sin depurar del Polígono Industrial de Güímar. La acusación también afecta a dos exalcaldes: José Gumersindo García Trujillo, de Candelaria, y José Juan Lemes, de Arafo.
El caso tiene su origen en una investigación penal abierta tras la denuncia presentada el 1 de junio de 2017 por concejales de la oposición. El Ministerio Público sostiene que los cuatro responsables municipales omitieron de forma consciente y voluntaria desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas necesarias para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales del polígono compartido por Güímar y Candelaria.
La inacción se prolongó hasta marzo de 2017, cuando se abrió el procedimiento penal y los municipios comenzaron a tomar medidas correctivas. En el contexto de Güímar y Candelaria, la Fiscalía considera que esta situación generó un peligro grave para la vida y salud de las personas, al producirse vertidos continuos e incontrolados sin tratamiento previo de depuración. Las aguas fecales e industriales acababan directamente en el mar, en una situación que la acusación califica de «absoluta ilegalidad».
El incumplimiento administrativo en Güímar y Candelaria
Según la investigación, los responsables municipales de Güímar y Candelaria conocían la existencia de un expediente abierto ante la Viceconsejería de Medio Ambiente para obtener la autorización de los vertidos. Sin embargo, ninguno de los acusados se personó en ese procedimiento, que terminó caducando. Esta omisión fue considerada por el juez como un acto consciente y deliberado que agravó la situación ambiental.
El Ministerio Público señala que el problema comenzó cuando los bienes del polígono fueron cedidos y transmitidos formalmente a los tres ayuntamientos: Candelaria, Arafo y Güímar. En el caso de Güímar y Candelaria, sostiene la Fiscalía, los responsables incumplieron de forma reiterada su obligación de crear una entidad urbanística de conservación (EUC) que se encargara del mantenimiento y funcionamiento de la zona industrial. La falta de esta infraestructura de depuración permitió que las aguas residuales fluyeran sin tratamiento hacia el océano durante casi cuatro años.
El calendario del juicio y las medidas posteriores en Güímar y Candelaria
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha fijado el 8 de febrero de 2027 como fecha del comienzo del juicio oral contra los cuatro acusados en el caso de Güímar y Candelaria. El calendario judicial prevé que las sesiones de los días 8, 9, 10 y 11 de febrero se dediquen a la declaración de testigos. El martes 16 de febrero está reservado para el interrogatorio de los acusados, mientras que el jueves 18 se realizarán los informes y conclusiones.
La causa acumuló una extensa documentación durante la instrucción, con análisis detallados del funcionamiento de la red de saneamiento del polígono en Güímar y Candelaria, las estaciones de bombeo, la instalación de tratamiento de aguas residuales industriales y el emisario submarino por el que las aguas eran conducidas al mar. El procedimiento llegó a sumar más de 17.000 folios divididos en 34 tomos.
Tras la apertura de la causa penal en 2017, los municipios implicados aceleraron las medidas correctivas. En junio de 2019, el Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), y los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar suscribieron un convenio para la ejecución de las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) del Polígono de Valle de Güímar y Candelaria. Esta infraestructura ya está funcionando en su fase inicial, tras años de contaminación incontrolada.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene que la responsabilidad de los acusados es clara por la inacción deliberada durante años, independientemente de las acciones posteriores.
