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¿Hasta 2 Años para Echar un Okupa? El Récord de un Sistema Judicial en Colapso

Redacción
Last updated: 28 junio, 2024 11:53 am
By Redacción
Published: 28 junio, 2024
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5 minutos de lectura
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El tiempo necesario para desalojar a un okupa en España ha alcanzado casi los dos años en los tribunales, marcando un récord histórico.

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De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los procedimientos verbales posesorios en los Juzgados de Primera Instancia tardan en promedio 12 meses, mientras que las apelaciones añaden 11,2 meses más, totalizando 23,2 meses.

Esto ha hecho que comunidades españolas como Castilla y León sean preferidas por los okupas, pues se requieren hasta 35,9 meses para completar el desalojo.

El Resultado de la Saturación y Lentitud del Sistema Judicial Español

Muchos afirman que este retraso en los procesos de desokupación ha sido consecuencia de la acumulación de casos y la falta de recursos en los tribunales.

Los propietarios de las viviendas ocupadas expresan que han enfrentado fuertes pérdidas económicas y una incertidumbre que no para de crecer.

En este panorama, la resolución de un procedimiento para desalojar a un ocupante ilegal puede variar considerablemente.

En primera instancia, puede durar entre 8 meses y año y medio, dependiendo del juzgado y su carga de trabajo.

Posteriormente, la Audiencia Provincial puede tardar entre 8 meses y dos años adicionales, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Estos son los Plazos Judiciales para Echar a un Okupa por cada Comunidad Autónoma

Los periodos judiciales para desalojar a un okupa varían considerablemente entre las comunidades autónomas.

Comunidades Autónomas con Plazos Más Largos

  • Castilla y León: La más afectada, con más de 15 meses solo en los juicios verbales de Primera Instancia. Si se suman las Audiencias Provinciales (en caso de apelaciones), el plazo total alcanza los 35,9 meses. Por lo tanto, puede tomar hasta 3 años echar a un okupa con una sentencia firme.
  • Murcia: Promedio de 27 meses.
  • Canarias: 26 meses.
  • Andalucía: 24,9 meses.

Comunidades Autónomas con Plazos Intermedios

  • Cataluña: 23,7 meses.
  • Baleares: 23,5 meses.
  • Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Euskadi: Pueden requerir entre 20 y 21,5 meses en los Juzgados de Primera Instancia y las apelaciones en Audiencias Provinciales.

Regiones con Plazos Más Cortos

  • Cantabria, Galicia, La Rioja y Extremadura: Alrededor de año y medio.
  • Asturias: 14,9 meses.
  • Navarra: 14,2 meses.
  • Aragón: 13,5 meses.

Todos estos índices dejan un panorama claro: No hay ninguna región en España donde el plazo para desalojar a un okupa sea inferior a un año.

Las Medidas que se Plantean Ante este Panorama

Ante los crecientes retrasos judiciales para desalojar okupas, expertos en materia legal y algunas organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Okupación han propuesto diversas soluciones para enfrentar esta problemática.

La modernización del sistema judicial se presenta como una prioridad, destacándose la necesidad de implementar el expediente judicial electrónico y aumentar el personal en los juzgados. Se afirma que esto permitiría agilizar los procedimientos y reducir significativamente los tiempos de espera actuales.

A su vez, se enfatiza la importancia de dotar de más medios a los juzgados y servicios sociales, de modo que puedan actuar con mayor rapidez y eficiencia.

Además, se propone una reforma legislativa que permita recuperar la posesión de una propiedad en un máximo de 72 horas, asegurando así una respuesta más expedita a los casos de okupación.

Otra medida crucial que plantean los expertos es aumentar la inversión en vivienda social. Se considera que al incrementar la oferta de viviendas asequibles, se podría reducir la demanda insatisfecha que lleva a muchas personas a ocupar propiedades ilegalmente.

Por otro lado, ante este escenario también han surgido empresas de desokupación en Canarias como Grancandesokupacion, que son consideradas oportunas por dar soluciones rápidas, legales y efectivas, complementando los procesos judiciales.

Desde la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) también insisten en la necesidad de cambios legislativos que amparen a las familias vulnerables y aquellas que sufren la okupación e inquiokupación.

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