85 de los 119 migrantes del cayuco de El Hierro, con orden judicial de expulsión

Un juez ha activado la expulsión de 85 de los 119 migrantes que llegaron a El Hierro a bordo del último cayuco registrado en la isla, según informó Radio Televisión Canaria este jueves. La embarcación, con 112 hombres y siete mujeres de origen subsahariano a bordo, había arribado el martes por la tarde al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, después de ocho días de travesía por el Atlántico.

La resolución judicial pone en marcha el procedimiento administrativo de retorno para la mayoría de los adultos que viajaban en la embarcación. Los cuatro menores detectados entre los ocupantes quedan al margen de este proceso, dado que su situación queda regulada por la normativa española de extranjería y por los convenios internacionales de protección de la infancia, que obligan a garantizar su atención con independencia de su situación administrativa.

La llegada del cayuco se produjo pasadas las 17.00 horas del martes. La embarcación fue avistada cuando navegaba a menos de una milla de la costa herreña. La Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo, salió a su encuentro y la escoltó hasta el muelle de La Restinga en condiciones de seguridad. Una vez en tierra, los migrantes recibieron atención del dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja.

El Hierro, primer punto de tierra española en la ruta canaria

El Hierro ocupa una posición geográfica singular: es la isla más occidental del archipiélago y, por ello, el primer punto de tierra española al que pueden acceder las embarcaciones que parten desde el litoral africano. El puerto de La Restinga, en el extremo sur de la isla, concentra la mayor parte de los desembarcos que se registran en El Hierro, y funciona como muelle de recepción habitual en este tipo de episodios. Los propios migrantes relataron, tras desembarcar, que llevaban unos ocho días en el mar antes de alcanzar la costa herreña.

La denominada ruta canaria conecta las costas de África occidental con el archipiélago español. El Hierro figura de forma recurrente como punto de llegada de cayucos que completan travesías de varios días por el océano Atlántico, con embarcaciones que parten desde distintos puntos del litoral subsahariano y mauritano. Los datos de llegadas a El Hierro a lo largo de 2026 reflejan una actividad sostenida en este corredor atlántico.

Tras el desembarco, los migrantes son trasladados habitualmente al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el pueblo de San Andrés, donde se inicia el proceso de identificación y valoración de cada caso. Es en ese momento cuando la autoridad judicial examina las circunstancias individuales de los ocupantes adultos y decide si procede o no activar el procedimiento de expulsión.

Qué implica la decisión judicial para los 85 afectados en El Hierro

La activación de la orden de expulsión por parte del juez no supone el retorno inmediato de los afectados, sino el inicio del trámite administrativo y judicial que puede derivar en su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se gestiona su devolución al país de origen o de tránsito. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como Ley de Extranjería, regula este procedimiento y establece los plazos y garantías que deben respetarse en cada fase del proceso.

Los 34 migrantes restantes, de los 119 que llegaron a El Hierro, no han recibido orden de expulsión en esta primera resolución judicial. Su situación queda pendiente de valoración individualizada, que puede incluir el estudio de posibles solicitudes de protección internacional, circunstancias de vulnerabilidad u otros factores que la normativa vigente contempla como motivo de suspensión del procedimiento de retorno.

En cuanto a los cuatro menores que viajaban en la embarcación, su tutela corresponde desde el momento del desembarco a las autoridades competentes. Los menores no acompañados que arriban a El Hierro son derivados al sistema de protección de la infancia, bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Su situación se rige por los convenios internacionales de protección de la infancia, que obligan a garantizar su atención con independencia de cualquier proceso administrativo paralelo.

La atención a menores migrantes exige una coordinación permanente entre los servicios sociales insulares y el Gobierno autonómico, que asume la tutela legal de quienes llegan sin referentes familiares identificados. En El Hierro, la gestión de estas llegadas implica la activación simultánea de múltiples organismos: Salvamento Marítimo, el SUC, Cruz Roja, la Guardia Civil y los servicios de extranjería de la Policía Nacional.

El caso del cayuco con 119 ocupantes se convierte así en uno de los episodios migratorios más numerosos registrados recientemente en El Hierro. La resolución judicial que afecta a 85 de ellos marca el ritmo al que avanzará el procedimiento administrativo en las próximas semanas, con la Delegación del Gobierno en Canarias como organismo responsable de coordinar las devoluciones una vez firmes las órdenes de expulsión.