85 migrantes con orden de expulsión en El Hierro: la ley choca con la realidad de las islas

La inmigración masiva volvió a poner a El Hierro en el centro del debate político y judicial esta semana, cuando el juez Mazuecos autorizó el internamiento de 85 de los 119 migrantes que llegaron el martes al puerto de La Restinga a bordo de un cayuco procedente de Barra, en Gambia. Es el mayor expediente de expulsión activado en Canarias desde que el Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en vigor el pasado 12 de junio de 2026. Y es, también, el reflejo más descarnado de una tensión que el Gobierno central lleva años sin resolver.

La embarcación había salido nueve días antes desde el litoral gambiano y fue interceptada cuando navegaba a menos de una milla de la costa herreña. La Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo, escoltó el cayuco hasta el muelle de La Restinga pasadas las 17.00 horas del martes. Entre los ocupantes viajaban siete mujeres y cinco menores de edad, según los servicios de emergencia. Una vez en tierra, el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja atendió a los llegados antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, el CATE, donde se inició la identificación de cada caso.

Cumplidas las 72 horas máximas de detención policial que fija la ley española, el juez escuchó a los 85 migrantes a los que la policía solicitaba internar y dictó el ingreso en un Centro de Internamiento para Extranjeros, un CIE, por un plazo máximo de 60 días. Los restantes 34 ocupantes del cayuco quedaron en situación diferente, bien por ser menores o por circunstancias individuales valoradas en la audiencia. Los 85 internados permanecerán transitoriamente en el CATE de San Andrés hasta que la Policía Nacional gestione su traslado efectivo a un CIE en la Península.

La inmigración masiva ante el primer gran examen del Pacto Europeo

Este episodio no es un hecho aislado: es el primer gran test de la nueva regulación comunitaria en suelo canario. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que lleva apenas dos semanas en vigor, prioriza las devoluciones y otorga al Estado un marco jurídico más ágil para ejecutarlas. Sin embargo, la realidad operativa sobre el terreno es otra. Las devoluciones y expulsiones implican un procedimiento complejo que, en muchas ocasiones, no llega a completarse, generalmente por los obstáculos que pone el país de origen del inmigrante para aceptar su retorno forzoso. El internamiento en un CIE no garantiza la deportación: todo depende de los acuerdos bilaterales vigentes con los países de origen.

Los datos ponen en perspectiva la magnitud del problema. Según la oficina europea de estadística Eurostat, España expulsó 5.705 personas en 2025, incluyendo tanto a inmigrantes rescatados en el mar como a otros que entraron por vía aérea con visado de turista. Solo a Canarias llegaron el año pasado 17.788 en pateras y cayucos. La brecha entre llegadas y expulsiones efectivas ilustra con frialdad la ineficacia del sistema. Que el Estado haya tardado años en articular una respuesta estructural a esta disparidad es una de las críticas más recurrentes que reciben tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como las instituciones europeas desde el archipiélago.

Los ocupantes del cayuco interceptado esta semana procedían de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Mali. Ciudadanos de seis países distintos, con marcos legales de retorno diferentes, lo que complica aún más la ejecución de las expulsiones. El traslado a un CIE, sin embargo, no garantiza la deportación: depende de los acuerdos bilaterales con los países de origen. España mantiene acuerdos de readmisión con algunos de estos Estados, pero su aplicación práctica es irregular y frecuentemente insuficiente para absorber el volumen de casos que generan las llegadas masivas a las islas.

El Hierro, la isla que aguanta lo que el Estado no gestiona

El Hierro ocupa una posición geográfica singular: es la isla más occidental del archipiélago y, por ello, el primer punto de tierra española al que pueden acceder las embarcaciones que parten desde el litoral africano. El puerto de La Restinga, en el extremo sur de la isla, concentra la mayor parte de los desembarcos que se registran en El Hierro, y funciona como muelle de recepción habitual en este tipo de episodios. Con menos de 11.000 habitantes y unos servicios sanitarios e institucionales estructuralmente limitados, la isla carga con una responsabilidad que ningún territorio de su tamaño debería asumir en solitario.

La tensión entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central no es nueva ni circunstancial. La crisis migratoria supone una fricción constante con el Gobierno central, que tiene las competencias sobre fronteras y expulsiones pero cuya gestión los ejecutivos insulares consideran insuficiente. El Pacto Europeo otorga un marco más favorable al Estado, pero también coloca a las regiones receptoras en una situación de tensión administrativa y social. Dicho de otra manera: Madrid y Bruselas tienen las herramientas legales, pero son los herreños quienes reciben los cayucos.

La crítica más dura apunta a una pauta estructural que se repite desde hace años. La infraestructura de acogida en Canarias no ha sido suficiente para manejar el volumen de llegadas, resultando en condiciones inadecuadas y hacinamiento en algunos centros. Toda esta situación ha estado agravada por la poca coordinación y solidaridad interterritorial para redistribuir a los migrantes en otras comunidades autónomas. El debate sobre los inmigrantes ilegales y su gestión no puede disociarse de esta realidad: sin una política real de reparto entre autonomías, las islas seguirán siendo el embudo de Europa.

La figura de la cárcel flotante ha reaparecido en el debate público a raíz de este episodio. Aunque España no utiliza oficialmente buques de internamiento, la imagen de decenas de personas retenidas en un territorio insular sin infraestructura adecuada para acogerlas, a la espera de un traslado que puede tardar semanas, se acerca peligrosamente a ese concepto. La propuesta de habilitar una cárcel flotante frente a las costas canarias para gestionar los internamientos ha circulado en foros políticos y ha sido rechazada por organizaciones de derechos humanos. Que el debate resurja cada vez que llega un cayuco es, en sí mismo, un indicador del fracaso de la política migratoria del Estado.

La cuestión de los inmigrantes ilegales interceptados en la ruta atlántica no admite respuestas simples. Pero sí admite una constatación: para los responsables del Ejecutivo canario, esta crisis ya no es una emergencia puntual, sino un problema estructural que exige soluciones a largo plazo y, sobre todo, un reparto más equitativo de responsabilidades entre las distintas administraciones. Mientras eso no ocurra, la legalidad seguirá chocando con la realidad cada vez que un cayuco atraque en La Restinga.

Los 85 migrantes internados por el juez Mazuecos permanecerán en el CATE de San Andrés hasta que la Policía Nacional gestione su traslado a un CIE en la Península, donde podrán permanecer un máximo de 60 días a la espera de que se ejecute o descarte su expulsión. Lo que ocurra con ellos en ese plazo será, también, un termómetro de si el nuevo marco europeo tiene o no capacidad real para transformar la gestión migratoria en las fronteras exteriores de España.