La presión sobre el modelo turístico en Canarias ha alcanzado un nuevo punto de inflexión y varios medios británicos han manifestado su malestar. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha abierto la puerta a la posibilidad de implantar un nuevo impuesto turístico en el archipiélago, una medida que se debatirá en los próximos días y que podría marcar un antes y un después en la política de gestión del turismo en Canarias.
La iniciativa, que ya ha sido respaldada públicamente por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, contempla la creación de una tasa insular sobre las pernoctaciones de no residentes, con el objetivo de redistribuir la riqueza generada por el sector entre la población local de Canarias.
Esta propuesta llega en un contexto de creciente malestar social en Canarias, donde diversos colectivos ciudadanos han convocado movilizaciones para el próximo 18 de mayo en protesta contra el impacto del turismo de masas.
Las manifestaciones, que tendrán lugar simultáneamente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, buscan visibilizar las consecuencias negativas que el actual modelo turístico tiene sobre los residentes de Canarias. Entre las principales quejas figuran los atascos diarios, la saturación de espacios naturales, el colapso de las infraestructuras públicas y el incremento desorbitado del precio del alquiler en muchas zonas de Canarias, especialmente las más turísticas.
El grupo «Canarias tiene un límite», que lidera la convocatoria, ha instado a los vecinos de Canarias a salir masivamente a la calle, como ya hicieron el 20 de abril del año pasado en una marcha histórica que sacó a miles de personas en todas las islas. La convocatoria ha cruzado fronteras: ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Valencia y Berlín también acogerán concentraciones de apoyo a la causa canaria, reflejando que el debate sobre la sostenibilidad del turismo en las islas se ha internacionalizado.
Medios de ingleses critican la tasa turística en Canarias
En paralelo, los datos turísticos evidencian una desaceleración. Aunque en enero de este año las islas recibió 775.205 visitantes internacionales —un 3,05 % más que en enero de 2024—, los operadores turísticos han comenzado a detectar un descenso en las reservas para la temporada de verano. Esta caída se atribuye tanto al aumento de las tensiones sociales como a la repercusión mediática de los mensajes contra el turismo que han circulado en redes y prensa internacional.
El cartel que apareció en Tenerife con la frase «Matar a un turista» y los casos de coches de alquiler incendiados fueron interpretados por algunos medios británicos como señales alarmantes del creciente rechazo hacia el turismo en las islas.
La realidad es que el sector turístico representa más del 35 % del PIB de Canarias y emplea a una gran parte de su población activa. Sin embargo, cada vez más voces dentro y fuera del archipiélago cuestionan si ese desarrollo ha sido equitativo y sostenible. En este sentido, la implantación de una tasa turística podría convertirse en un instrumento para reequilibrar el modelo. Las autoridades insulares de Canarias consideran que una recaudación adecuada permitiría invertir en mejoras medioambientales, infraestructuras y servicios públicos, especialmente en las zonas más tensionadas por la presión turística y que causa cancelaciones de viajes según publica el medio ingles Mirror.
El debate no es nuevo en las islas, pero sí ha ganado intensidad en los últimos meses. Las islas ya habían considerado esta posibilidad en ocasiones anteriores, aunque sin llegar a aplicarla, a diferencia de otros destinos turísticos como Baleares o Cataluña, donde las tasas turísticas ya son una realidad. Ahora, con un clima social más polarizado y un descenso perceptible en la calidad de vida de muchas familias locales, Canarias vuelve a situar esta medida en el centro de la agenda política.
La evolución de las protestas del 18 de mayo y el resultado del debate institucional marcarán el rumbo de los próximos meses en Canarias. El equilibrio entre economía, medio ambiente y bienestar ciudadano se ha convertido en el mayor reto para las islas y las playas de Canarias. Lo que está en juego no es solo el modelo turístico, sino el futuro del desarrollo en Canarias, una región que, a pesar de sus cifras récord, exige cada vez con más fuerza un reparto más justo y sostenible de los beneficios que el turismo deja en su territorio.