La contaminación de las aguas en Canarias continúa siendo uno de los principales retos medioambientales del archipiélago, con consecuencias directas en la salud pública, el ecosistema marino y la imagen turística de las islas. Según datos oficiales, en 2022 el 72% de los puntos de vertido de aguas residuales en Canarias no contaba con la debida autorización, una cifra alarmante que pone en evidencia la fragilidad del sistema de depuración e un informe de Greenpeace.
Solo en Tenerife se identificaron 195 puntos de vertido, muchos de ellos sin infraestructura de tratamiento, como el caso del Médano, que ha provocado graves infecciones entre los bañistas. En Gran Canaria se registraron 127 puntos, y el resto se reparte entre Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro. De La Graciosa, ni siquiera hay datos disponibles, lo que refleja la falta de control en zonas de especial vulnerabilidad ambiental.
Canarias ha tenido que asumir las consecuencias de estos incumplimientos. En los últimos cinco años, se han abonado 7,7 millones de euros en concepto de sanciones a la Unión Europea por el reiterado incumplimiento de la directiva sobre aguas residuales, especialmente por la situación en el Valle de Güímar, en Tenerife. La previsión es que Canarias seguirá pagando esta multa, al menos durante el presente ejercicio, al no haberse solucionado aún el problema estructural que lo originó.
A la mala gestión de las aguas residuales se suma el grave problema de la contaminación por plásticos. Científicos han identificado en el entorno marino de Canarias un mínimo de 50 millones de microplásticos por cada kilómetro cuadrado, desde la superficie hasta profundidades que superan los 1.000 metros, como ocurre al sur de El Hierro. Esta presencia masiva de residuos plásticos forma una verdadera cortina contaminante que rodea el archipiélago, afectando a su biodiversidad y a la calidad de sus aguas. Las playas de Lambra en La Graciosa, El Porís en Tenerife y Arenas Blancas en El Hierro son las más afectadas por este fenómeno, según estudios recientes.
La situación repercute directamente en la pérdida de distinciones de calidad como la Bandera Azul, un distintivo otorgado a playas y puertos deportivos que cumplen criterios ambientales, de seguridad y servicios. Este año, Canarias contará con nueve Banderas Azules menos que en 2024. Cuatro arenales de Tenerife, cuatro de Lanzarote y uno de Fuerteventura han perdido este sello, lo que evidencia una degradación de los estándares exigidos para garantizar la excelencia turística y medioambiental. Canarias, que tradicionalmente presume de la calidad de sus costas, ve así erosionada su imagen internacional como destino sostenible.
Greenpeace alerta de la contaminación de las playas de Canarias
A pesar de este retroceso, Gran Canaria sigue siendo la isla con más Banderas Azules, con 14 playas reconocidas, seguida por Tenerife con 12, Fuerteventura con diez, La Palma con seis, Lanzarote con dos, El Hierro con dos y La Gomera con una. A estas se suman cuatro puertos deportivos que ondearán la bandera en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Sin embargo, el caso de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es significativo: perdió la Bandera Azul en 2023 y su Ayuntamiento decidió no volver a presentarse, calificando el distintivo como un mero “instrumento de marketing” y optando por otros certificados de calidad como el distintivo ‘Q’.
Las cifras reflejan una realidad contradictoria: Canarias sigue siendo uno de los enclaves turísticos más reconocidos de Europa, pero sus aguas y costas enfrentan un deterioro progresivo. La pérdida de banderas azules en Canarias no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la falta de inversión en sistemas de depuración, de la permisividad institucional y del impacto creciente de los residuos plásticos.
El compromiso con la sostenibilidad, la salud del océano y la calidad turística de Canarias exige una respuesta urgente y estructural que aún no se vislumbra en el horizonte inmediato. Mientras tanto, Canarias continúa pagando sanciones, perdiendo distintivos y viendo cómo su riqueza natural se ve amenazada por una gestión insuficiente de sus recursos más preciados.