La Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en la provincia de Las Palmas ha denunciado este lunes la escalada de violencia que se registra en la cárcel Las Palmas II, en el sur de Gran Canaria, centro con una relación de puestos de trabajo cubierta al 50 % y con el 10 % de su personal de baja por esta causa.
Así lo ha manifestado en una concentración de protesta celebrada ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canaria la portavoz del colectivo de funcionarios de Las Palmas II, Yolanda Rivera, de Acaip-UGT, quien ha explicado a los periodistas que las agresiones al personal de esta cárcel «desbordada» por parte de internos se repiten cada vez con más frecuencia.
Rivera ha asegurado que esta situación es inédita y se produce en un centro polivalente, con una estructura susceptible de albergar a muchos tipos de internos, pero con un personal deficitario para atender tales requerimientos.
«Nos envían, cuando tienen mal comportamiento, internos de todos los centros penitenciarios de las islas, pero nosotros no estamos dotados de personal ni de una infraestructura de educadores, programas de tratamiento o médicos suficientes para atender esa demanda, lo que genera, por ejemplo, que todos los fines de semana haya problemas porque la medicación de cada interno para ese periodo de tiempo se entrega los viernes, lo que da pie a que hagan mal uso de ella, porque nadie controla que se la tomen cuando corresponde», ha referido.
La integrante de la Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en la provincia de Las Palmas también ha aludido a la situación que afecta a internos psiquiátricos «que están mal atendidos» y ha subrayado que el personal de esta cárcel no había visto antes tantas «agresiones o faltas de respeto tan flagrantes».
De los 300 funcionarios de esta cárcel, la mitad hace labores de oficina, no de vigilancia, lo que genera que muchas veces dos trabajadores se vean en módulos conflictivos con cien internos, ha aseverado Rivera, quien ha considerado que uno de los problemas que sufre esta prisión es que, tras una agresión a un funcionario, el interno que la causa no es derivado a otra, como sí ocurre en la península, un hecho que agrava la indefensión que denuncian los sindicatos del sector ante hechos como estos.
«Tras estar en aislamiento, vuelven al módulo y ellos mismos se retroalimentan, dicen este le pegó al funcionario y no le ha pasado nada, no ha sido castigado como es debido», afirma la trabajadora de esta cárcel, que alberga a 806 reclusos.
El hecho de que los funcionarios de prisiones no sean considerados autoridad pública y que «a los internos, que son consumidores de drogas, les salga gratis agredirles», frente a lo que les ocurre en la calle cuando cometen hechos similares, explica, a juicio de estos sindicatos, que los actos violentos de los que son objeto estos funcionarios se hayan triplicado en el último año, una situación que les genera «miedo» y sensación de «desamparo», ha dicho Aitor Martínez, de CSIF.
Yolanda Rivera ha precisado que los dos compañeros agredidos el viernes están de baja y muy nerviosos, ya que «si el pincho con el que fueron atacados hubiera pinchado lo suficiente, hubiesen matado» a uno de ellos.
«Nosotros no entramos a un módulo con porras, esposas o un escudo, sino con un bolígrafo en la camisa y un ‘walkie-talkie’ para poder llamar a compañeros en caso de problemas, los medios coercitivos no se usan habitualmente, sino en caso de peligro», ha recalcado.
Además de comprometerse a investigar lo que está sucediendo en esta cárcel, la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, quien ha recogido el manifiesto entregado por los afectados, ha animado a la población canaria a opositar para ser funcionario de prisiones, lo que contribuiría a paliar, en parte, el vacío que dejan los muchos trabajadores que concursan cada año para cambiar de destino, que pueden llegar a superar el centenar en Las Palmas II, según los sindicatos.