Canarias expulsa a sus hijos: la vivienda que el paraíso ya no puede pagar

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los residentes en las islas Canarias: casi la mitad de la población, el 45,2%, sitúa el precio del alquiler y el acceso a un techo como su mayor preocupación, por encima incluso del turismo masivo. La paradoja resulta difícil de ignorar: un archipiélago que recibe millones de visitantes al año expulsa de su mercado residencial a quienes nacieron en él.

Los datos que respaldan esta realidad son contundentes. Unos 20.000 jóvenes canarios se vieron obligados a regresar al hogar familiar durante 2024 al no poder costear un alquiler, según los datos oficiales que el secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó en un encuentro con cerca de 60 jóvenes cargos públicos de su formación celebrado en La Laguna. La tasa de independencia juvenil en el archipiélago ha caído hasta el 14%, uno de los registros más bajos registrados en años recientes. Para una generación que creció escuchando que las islas eran un lugar privilegiado, la realidad del mercado del alquiler ha resultado ser cualquier cosa menos acogedora.

La presión sobre el mercado residencial tiene varias causas que se retroalimentan. La expansión del alquiler vacacional ha reducido la oferta de vivienda habitual de forma sostenida, mientras la llegada de nuevos residentes y la escasa construcción de los últimos años han disparado la demanda. Torres reclamó al Gobierno regional que aporte fondos propios al Bono Alquiler Joven, actualmente financiado en su totalidad por el Estado, y reprochó la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico a municipios como Las Palmas de Gran Canaria o Adeje, que han solicitado ser declarados zonas tensionadas para poder intervenir en el mercado del alquiler.

Un modelo social tensionado entre el turismo y el derecho a la vivienda

Detrás de cada cifra hay una historia de renuncia. El 70,4% de la población canaria considera que su calidad de vida ha empeorado en la última década, según el Estudio de Percepción Ciudadana sobre el Medio Ambiente en Canarias, elaborado por Estudios Sociales GEAS 7 para la Fundación Canarina. Entre las causas de ese deterioro, los encuestados señalan el precio de la vivienda, el coste de la vida, la masificación turística y la saturación de infraestructuras. Fuerteventura, con un 85,7% de su población percibiendo ese empeoramiento, y Tenerife, con un 77,6%, lideran ese malestar.

El mismo estudio revela que el 90% de los canarios considera necesario cambiar el modelo turístico. De ese porcentaje, el 52,1% apuesta por una transformación profunda, mientras que el 36,9% se conforma con ajustes parciales. La cuestión ya no es si el modelo social actual es sostenible, sino cuánto tiempo puede mantenerse antes de que la fractura entre la economía del turismo y las condiciones de vida de la población local resulte irreparable.

«Esta ley define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, defiende un territorio habitable y equilibrado y pone freno a la gentrificación y a la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio.»

Miguel Ángel Rodríguez·Director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias

El desequilibrio tiene también una dimensión de propiedad. En Canarias, el 55,3% de las viviendas vacacionales y el 55,5% de sus plazas están gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, no por pequeños propietarios locales, según los datos del propio Gobierno autonómico. Esa concentración en manos foráneas alimenta la sensación, muy extendida entre los residentes, de que el archipiélago se vende pieza a pieza a quienes no lo habitan.

La Ley 6/2025 y las ayudas: respuestas institucionales ante una crisis estructural

El Parlamento de Canarias aprobó en diciembre de 2025 la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida como Ley 6/2025, con el objetivo declarado de reequilibrar el acceso a la vivienda frente al avance del alquiler vacacional. La norma establece que el 90% de las viviendas de cada municipio deben destinarse a uso residencial, limitando el uso turístico al 10% restante. Además, prohíbe que las Viviendas de Protección Oficial se destinen al turismo y veda los llamados pseudohoteles, edificios donde todas las unidades son alquiler vacacional de un gran tenedor.

La ley también impone una moratoria de cinco años para nuevas viviendas vacacionales, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente. Los municipios podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su territorio. Las nuevas construcciones, por su parte, no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su edificación, con el propósito de frenar la especulación desde el origen.

En paralelo, el Gobierno autonómico ha activado para 2026 un presupuesto de 197,5 millones de euros a través del Instituto Canario de la Vivienda, la cifra más elevada destinada a políticas de vivienda en la historia reciente del archipiélago. Dentro de ese marco, el Bono Alquiler Joven ofrece 250 euros mensuales durante un máximo de dos años a jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos no superen los 24.318 euros anuales. Para acceder a la ayuda, el alquiler de la vivienda completa no puede superar los 600 euros mensuales, aunque el Ejecutivo ha habilitado excepciones en municipios con mercados tensionados donde esas rentas son superiores.

El modelo social que subyace a estas medidas parte de un diagnóstico compartido: la actividad turística no puede considerarse sostenible si los residentes no pueden permitirse vivir en el territorio que la sostiene. La Fundación Canarina, en sus conclusiones, advierte que la transición hacia un esquema más equilibrado entre visitantes y habitantes es inevitable, y que la cuestión es si se abordará de forma planificada o si vendrá impuesta por los propios límites del territorio.

Para los jóvenes canarios que hoy comparten piso o han regresado a casa de sus padres, el debate sobre el modelo social no es abstracto: se mide en euros de alquiler, en contratos que no llegan, en barrios que ya no reconocen. El acceso a la vivienda, más que ningún otro indicador, resume la pregunta de fondo que el archipiélago tiene pendiente de responder: para quién se gestiona este territorio.