Los especialistas de la Guardia Civil que investigan para el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna el presunto saqueo de vehículos retirados por las grúas municipales laguneras para vender sus piezas por Internet han detectado al menos dos casos que apuntan a que las irregularidades podrían extenderse a la venta de algunos de esos coches.
En una de esas supuestas ventas ilegales, un particular que extrajo piezas de un BMW custodiado en un depósito municipal aseguró ante los agentes que había comprado el turismo cuando ya se encontraba en dicho recinto, pero su titular subraya en su declaración que, si bien contactaron con él, nunca se formalizó la compraventa.
En el otro hecho investigado por esta causa, el propietario de un vehículo adaptado explicó a la Policía Judicial que le ofertaron por vía telefónica un Opel y abonar la deuda con el Ayuntamiento a cuenta de la prolongada estancia de dicho vehículo en el depósito municipal a cambio del mismo, si bien rechazó tal oferta. A los dos días de su negativa, recibió una comunicación del Consistorio que actualizaba tal deuda, que él calculaba en 600 euros y ahora se aproximaba a los 2.000.
Especialistas consultados por DIARIO DE AVISOS explicaron que este presunto modus operandi, donde se simultanea la extracción de piezas con la venta de todo el vehículo, no es ninguna novedad, sobre todo desde que se descubriera un escándalo muy similar en Barcelona hace pocos años.
Estas investigaciones judiciales son parte de la instrucción del llamado caso Grúas, que se inició a raíz de la denuncia presentada en 2012 por exempleados de la empresa concesionaria por ese supuesto saqueo de piezas en uno de los depósitos municipales que utilizaba el servicio y que se encuentra en la calle de Espinero.
EL BMW
El primero de los dos casos que levanta sospechas sobre esa presunta venta ilegal de vehículos es el de un BMW, cuyo propietario asegura no haber vendido, pero que otra persona dice haber pagado por él y que, supuestamente, habría dispuesto del mismo a su antojo, de tal modo que apenas queda ya en el depósito municipal de la calle de Espinero la carrocería y poco más. En declaraciones ante los agentes que investigan este caso, el propietario que figura como tal oficialmente relató que el BMW fue retirado en su día por la grúa y que, con el paso del tiempo, el precio que debía pagar para recuperarlo era demasiado como para afrontarlo de una sola vez.
Cuestionado sobre si lo había vendido, explicó que recibió una llamada al respecto, pero que no vio claro el negocio y ahí quedó la cosa. Sin embargo, los guardias civiles localizaron a otro vecino que admitió haber extraído piezas del mismo en el depósito municipal referido, una tarea que le llevó toda una tarde y para la que contó con la ayuda de dos familiares.
Pero el tema es aún más complicado. Cuando los agentes le preguntaron al supuesto comprador quién le autorizó a entrar en el depósito municipal, relató que había solicitado permiso para ello a la Policía Local lagunera. Tirando del ovillo, los guardias dieron con el policía local que, efectivamente, dio el visto bueno a esta persona, ya que le mostró un contrato de compraventa privado y, además, portaba las llaves del vehículo. Eso sí, el agente de la Policía Local dice que solo autorizó la retirada de la documentación.
UN OPEL Y LA DEUDA
El segundo caso es menos enrevesado, aunque también trata sobre una posible venta de vehículos custodiados en el recinto varias veces aludido y donde también, supuestamente, tuvo lugar el saqueo de las piezas para luego venderlas por Internet. Cuando los guardias civiles localizaban a los propietarios de estos coches, el dueño de un vehículo mixto adaptado explicó que había recibido una llamada en la que le ofrecían un Opel, además de abonar la deuda acumulada por el tiempo transcurrido desde que fue retirado de la vía pública. Esta persona detalló a los investigadores que rechazó tal proposición y que no volvió a tener noticias al respecto. En cuanto a si sabía quién le había propuesto tal cosa, respondió que desconocía la identidad de su interlocutor.
LA RECLAMACIÓN
Por otra parte, las diligencias practicadas desde que los exempleados presentaron la denuncia en 2012 ha permitido igualmente descubrir alguna curiosidad sobre este caso Grúas. Llama la atención, especialmente, la de un vecino que reclamó al Ayuntamiento de La Laguna los 107 euros que abonó en su día para sacar su coche del depósito municipal, después de que la grúa lo retirase de la vía pública a cuenta de una infracción. Argumentaba el vecino que, gracias a los medios de comunicación, se había enterado de que, por aquel entonces, la empresa concesionaria carecía de titulo de capacitación (tarjeta de transporte) para ejercer tal servicio de grúa, y que, al carecer de sustento legal, debía recobrar su dinero.
Aunque no consta cuál fue la respuesta a la singular reclamación, especialistas consultados por este periódico entienden que, si bien esa carencia de la tarjeta de transporte (de la que la Guardia Civil alertó tanto al Ayuntamiento como al Cabildo de Tenerife) es una irregularidad más que considerable, difícilmente justificaría que no se abonase la tasa para retirar el vehículo del depósito
LA ESCLARECEDORA IMAGEN
Aunque cueste creerlo, las dos imágenes que acompañan estas líneas reflejan cómo llegó un BMW al depósito municipal del servicio de grúas de La Laguna ubicado en la calle de Espinero y cómo quedó tras ser desmantelado. Este vehículo es uno de los casos que ha detectado la Policía Judicial, con la peculiaridad de que pretendían comprobar si se le habían quitado las piezas ilegalmente para venderlas por Internet (como denunciaron varios exempleados de la concesionaria, Autogrúas Poli), y ahora estudian si en realidad también hubo venta de los coches en su totalidad. Los guardias civiles asignados al caso por orden de un juzgado de la Ciudad de los Adelantados han realizado una ardua tarea para dar con los propietarios de estos turismos y, por lo que se recoge en las diligencias instruidas, ese trabajo comienza a dar sus frutos.
AL TUN TUN
Uno de los miembros del grupo de siete personas que se hicieron cargo de las grúas laguneras entre 2011 y 2015 reconoció ante la Guardia Civil que, cuando la compraron, “no comprobamos el estado de la empresa”. Esta persona, identificada como F. C. M., describió tal desconocimiento gráficamente: “La cogimos un poco al tuntún”. Dicho grupo de siete es descrito por algunos de sus excompañeros y el anterior titular de la concesión, José Padilla, como “afines” y “amigos” del entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC). Padilla denunció en en su día que vendió la empresa a los siete ante los impagos del Ayuntamiento, que abonó 200.000 euros en cuanto cedió.
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