Yusnadia y su hija se quedan en la calle

La comisión judicial ejecutó el desahucio de la vivienda que ocupaban en Costa del Silencio tras una compraventa que el juez declaró nula; la madre cubana y su peña de 12 años han sido realojadas en el Camping Nauta
Orden de desahucio en Costa del Silencio | SERGIO MÉNDEZ
Orden de desahucio en Costa del Silencio | SERGIO MÉNDEZ
Orden de desahucio en Costa del Silencio | SERGIO MÉNDEZ

Yusnadia Hernández se encadenó a la ventana del hasta hoy su pequeño apartamento en Costa del Silencio, más un gesto que como resistencia, porque finalmente salió por su propio pie de la vivienda que desde 2013 compartía con su hija Bexy Marian, de 12 años. Esta noche dormirán en unas literas en el cercano Camping Nauta.

Pasadas las diez de la mañana, la comisión judicial, apoyada por la Guardia Civil y un cerrajero, más una trabajadora y una asistente social del Ayuntamiento de Arona, se dio cita en el apartamento 33 de la urbanización Atlantic View II, en la calle Hespérides número 5, en Costa del Silencio, para ejecutar la orden de desahucio, según sentencia del juzgado número 5 de Arona (diciembre de 2013). Una sentencia que había sido aplazada hace mes y medio por la intermediación de Servicios Sociales, que trató de buscarle un alquiler social a Yusnadia Hernández y a su hija, sin que esta aceptara abandonar la casa de la que, insiste, es propietaria.

Yusnadia, cubana de 40 años, separada y con dos hijos, uno mayor de edad y Bexy Marian, firmó la renuncia a ese alquiler porque “no quiero irme de mi casa, me tienen que echar a la fuerza”, declaró entonces, mientras que hoy insistía en que “voy a seguir luchando contra esta injusticia, aunque tenga que llegar hasta Bruselas”, después de que no prosperaran sus recursos ante el juzgado que declaró nula la compraventa de la vivienda.

Yusnadia Hernández, camarera de piso que hoy en paro recibe un subsidio de 426 euros, cuidaba a un anciano italiano en esa vivienda, hasta que un año antes de fallecer (29 de octubre de 2012), según ella, y con papeles que llevan la firma de un notario, se la vendió por 25.000 euros, más la subrogación de la hipoteca.

Un año después de la muerte del italiano fue interpuesta la denuncia por el anterior propietario del inmueble a través de un poder notarial enviado desde Italia por la hija del difunto, demostrando la nulidad de la compraventa en todas las instancias, hasta que ayer se consumó la orden de desahucio, en la que también estuvieron presentes miembros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), que no pudieron hacer nada por evitarlo, aunque al menos Yusnadia seguirá con la tutoría de su hija, a la espera de saber si se retoma la posibilidad de un alquiler social que le prometió el Ayuntamiento de Arona y que ella descartó hace mes y medio porque “tenía que buscármelo yo y no hay donde alquilar”, dijo hoy.

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