A una semana del congreso regional, el PP presentó este viernes la ponencia de Reglamento, coordinada por la senadora grancanaria Auxiliadora Pérez al frente de un equipo integrado por Carlos Cabrera, Dámaso Arencibia, Regina García y Agustín Hernández. Uno de los aspectos que los participantes destacaron en la rueda de prensa se refiere al control que los afiliados ejercerán sobre los cargos públicos del partido. En el artículo 14 del documento (evaluación de la gestión) se indica textualmente: “Todos los cargos públicos del Partido Popular en Canarias, sin excepción, deberán comparecer como mínimo con periodicidad anual ante las asambleas de afiliados que se organicen en el ámbito territorial al que pertenezca, según el sistema que establezca el órgano competente, para dar cuenta de su gestión, seguimiento del programa electoral, ponencias y actividad política. Se incluirá como criterio rector la concordancia con los principios recogidos”.
Mediante estas normas de funcionamiento, con las que se pretende renovar su “fortaleza” y “confianza” internas a fin de afianzarse y avanzar en el panorama político canario, la gente del PP se impone la tarea de “cumplir fielmente” con lo que “democráticamente” ha decidido.
En ese marco encaja el código político y ético al que estarán sometidos los representantes de esta formación, al objeto de prestar “unos servicios públicos eficientes y de calidad, mejorar el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida, así como ejercer una gestión austera, eficaz y transparente”. Antes de asumir el puesto, habrán de acatar una serie de principios y pautas de conducta a través de la Declaración de Idoneidad. Este mandato ineludible conlleva “observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velar siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y abstenerse de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”. Además, se les exige “transparencia, responsabilidad, eficiencia, austeridad y buen gobierno”. Esto supone renunciar a las actividades privadas de las que se derive algún conflicto de intereses. Tampoco se consentirá ningún “trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”. Por la misma razón, no se permitirá que realicen operaciones con paraísos fiscales.
Asimismo, serán motivo de expulsión las “declaraciones públicas de carácter racista, xenófobo o machista y en general contrarias a la dignidad de las personas”.
El régimen de incompatibilidades excluye la condición de diputado en el Congreso o el Parlamento Europeo al presidente o secretario general insular o autonómico, a los alcaldes de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes y al presidente de un Cabildo.
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