La sentencia del caso Las Teresitas, hecha pública ayer por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, beneficia extraordinariamente al Ayuntamiento capitalino, por cuanto condena a seis de los trece acusados inicialmente y a tres empresas a pagar unas indemnizaciones que, en total y con la suma de los cuantiosos intereses acumulados, llegan a los 100 millones de euros, según supo ayer DIARIO DE AVISOS, en base a expertos consultados por el periódico.
Por si fuera poco semejante cantidad de dinero, un párrafo incluido al final de los 169 folios de los que consta dicha decisión judicial niega a los empresarios su originario derecho a que le fueran restituidos los terrenos de la playa de Las Teresitas cuya compraventa se encuentra en el centro de este proceso.
En resumen: si esta sentencia fuera firme (habrá recursos ante el Tribunal Supremo), el Ayuntamiento se quedaría con la playa y con el dinero. Todo un éxito municipal, por cuanto el tribunal se decanta íntegramente por lo reclamado desde el Consistorio, incluso por encima de lo que había solicitado el Ministerio Fiscal a este respecto.
El dinero
La Audiencia Provincial determina en su sentencia que son dos las indemnizaciones que deben abonar los ahora condenados. La más importante es por un valor de 52.588.156, 85 euros, exactamente el precio que en 2001 pagó el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas por dichos terrenos, en una operación posteriormente anulada por el Tribunal Supremo. Por tal cantidad responderán solidariamente (da igual quién de ellos lo pague o qué ponga cada uno) tanto los seis ahora condenados (Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Víctor Reyes, José Tomás Martín, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia) como la propia Inversiones Las Teresitas y otras dos empresas más de los empresarios citados: Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria.
La segunda indemnización, que el tribunal argumenta como consecuencia de la transferencia de aprovechamientos urbanísticos que se produjo en tal operación y que la Audiencia entiende que se realizó sin contraprestación para el Consistorio, es de 9.159.884,67 euros. Eso sí, en este caso solo tendrán que afrontar su pago (siempre en el caso de que la sentencia adquiera firmeza) los seis condenados.
Las parcelas
Por lo que respecta a los terrenos, la explicación es sencilla: el derecho de los empresarios a quedarse con los mismos tras ser anulada su venta al Ayuntamiento se les niega ahora como una de las consecuencias de la condena impuesta, en aplicación de lo establecido en el artículo 1305 del Código Civil.
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