El IASS teme que niños vulnerables se queden sin atención

Denuncian que el Cabildo y los municipios quieren privatizar los centros de día para menores en situación de riesgo de exclusión
Los afectados se manifestaron ayer a las puertas del Palacio insular, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario. Fran Pallero

Trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife y familiares de los niños afectados se manifestaron ayer a las puertas del Palacio insular con el fin de denunciar el cambio de gestión previsto para dos centros de día y una escuela infantil, que hasta ahora gestiona esta entidad insular. Los manifestantes denuncian que estos servicios se pretenden privatizar ahora por la administración pública y temen por el mantenimiento de su funcionamiento, incluso con la posibilidad de que puedan cerrar. Se da la circunstancia de que dichos recursos atienden, como mínimo, a unos 80 menores en situación de riesgo.
En concreto se trata de dos centros de día (Maternal y Hogar Sagrada Familia) que se gestionan a través de un convenio entre el IASS y el Ayuntamiento de Santa Cruz, y una escuela infantil en el Maternal, que se lleva a cabo en colaboración con La Laguna. En estos casos, el ente insular aporta los recursos humanos. “No se quiere ampliar el convenio porque dicen que hay problemas de competencias, pero esto es falso, ya que lo que ocurre es que existe una irregularidad presupuestaria y lo quieren tapar”, denunciaron Sergio Santana y Margarita Herrera, ambos del comité de empresa del IASS.

Los representantes de los trabajadores explicaron la importancia de estos centros de día para los beneficiarios, puesto que los menores en riesgo de exclusión son atendidos desde que salen del colegio. “Nosotros les damos la merienda y la cena, se hace la tarea y atendemos otras necesidades como la higiene, y también ayudamos a que las familias no se desestructuren más”, añadieron. Por ello, se mostraron preocupados por el hecho de que este servicio salga a concurso y se adjudique a una ONG, ya que temen que eso pueda provocar el cierre del servicio o, al menos, su privatización. Además, aseguraron que no prorrogar estos acuerdos supondrá también la perdida de empleo de unas 12 personas.
Con el fin de que estos recursos sociales “sigan siendo públicos”, los manifestantes entregaron ayer 1.000 firmas al Cabildo para que atiendan su demanda, a las que se suman otras 2.000 recogidas a través de la plataforma virtual change.org. Los trabajadores del IASS aseguraron que seguirán protestando para lograr su objetivo.

Institución insular

El Cabildo aclaró, a través de un comunicado, que el presupuesto global del IASS en este mandato se ha incrementado en 23 millones de euros y, en concreto, el capítulo de personal, en tres millones de euros. Matizó que se han ampliado a 1.000 las plazas para personas en situación de dependencia y se ha puesto en marcha un plan de infraestructuras sociosanitarias de 155 millones de euros.

“Los servicios a los que hace referencia el Comité de Empresa del IASS en Santa Cruz y La Laguna no van a dejar de prestarse, ni en ningún momento se ha cuestionado su necesidad; por el contrario, los respectivos ayuntamientos van a continuar con la prestación de los mismos, de tal forma que en el caso de Santa Cruz tiene otros cuatro servicios de día de características similares a estas que llevan tiempo funcionando”, se aclara en el texto. La Institución insular añadió que los profesionales se reubicarán en otros centros de infancia del IASS, mejorando la prestación en las distintas instalaciones.

Sostienen que la competencia de estos recursos es municipal

El Cabildo sostiene que los servicios que se prestan en los centros, destinados a menores de tres años, en el caso de La Laguna, y de entre 4 y 17 años, son competencias propias de los municipios y no de organismos como el IASS, que tiene la competencia en servicios de atención sociosanitaria especializada. Insisten en que la situación actual genera tanto a los municipios como al IASS “problemas legales” a la hora de prestar los servicios, debido a modificaciones en la ley en los últimos tiempos, que obliga a las administraciones públicas al desarrollo de concursos públicos para la prestación de servicios.

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