La Sala I del Tribunal Supremo confirma la condena a Pricewaterhousecoopers (PWC) a pagar 230.796 euros al empresario canario Félix Santiago Meilán por gastos de defensa jurídica ante Hacienda, debido a su negligencia en el cumplimiento de un contrato de asesoramiento fiscal entre ambas partes, en concreto relacionado con las deducciones en el IRPF derivada de una Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).
El tribunal sí estima parcialmente el recurso de PWC en cuanto a la condena que se le había impuesto a pagar al empresario 335.415 euros por los costes financieros del aval prestado en garantía de aplazamiento de los pagos a la Agencia Tributaria, reduciendo su importe teniendo en cuenta que, por la vía contencioso-administrativa, se ha establecido que el devengo de intereseses por los gastos de dicho aval no trae causa de la falta de contabilización de la RIC sino de la incorrecta liquidación de intereses de la propia AEAT.
Tal y como informa Efe Canarias, la Sala de lo Civil del Supremo da la razón así a Félix Santiago Melián, importante empresario canario con negocios en el sector agrícola y la construcción, en el pleito que mantenía desde hace años con PWC por las facturas que tuvo que afrontar con Hacienda como consecuencia de un error en sus recomendaciones fiscales y que ascendió a unos 16 millones de euros..
Estos problemas con Hacienda de Félix Santiago se remontan a 1997, cuando decidió contratar los servicios de PWC para reorganizar su patrimonio, repartiéndolo en dos sociedades: Conagrican SL (la actividad agrícola) y Actividades de Construcción SL (construcción).
Este empresario canario se había beneficiado en los ejercicios anteriores de las importantes reducciones fiscales que Hacienda concede en el impuesto de sociedades a aquellas empresas que destinan sus ganancias a nuevas inversiones en las islas, a través del mecanismo conocido como Reserva de Inversiones en Canarias.
Sin embargo, Félix Santiago Melián no cumplió en 1998 con el deber legal de mantener en la contabilidad del grupo las cuentas RIC, lo que le llevó a que Hacienda revisase en 2005 su declaración de IRPF de aquel año y le exigiese el pago de más de 16 millones de euros (10,03 millones como liquidación, 3,75 millones en concepto de sanción y 2,52 millones en concepto de demora).
El empresario canario consiguió en 2013 una sentencia de la Audiencia de Madrid que declara que ese error a la hora de contabilizar la RIC en 1998 es imputable a una negligencia profesional por parte de sus asesores en PWC, que legalmente constituye un incumplimiento contractual.
Ese fallo de la Audiencia Provincial condenó en consecuencia a PWC abonar Félix Santiago a 230.796 euros por gastos de defensa jurídica y 335.415 euros por los costes financieros del aval que tuvo que presentar a Hacienda para aplazar los pagos.
El empresario canario ha seguido pleiteando con Hacienda desde entonces y ha logrado que parte de las multas y liquidaciones se reduzcan, pero el litigio aún está sin cerrar en parte.
Por ello, la Audiencia de Madrid también condenó a PWC a abonarle otra cantidad aún por determinar: el dinero que finalmente tenga que pagar a Hacienda por su incumplimiento contable respecto a la RIC.
El Supremo confirma ahora el criterio de la Audiencia Provincial de que lo ocurrido con este empresario canario “es imputable a la negligente prestación de los servicios de asesoramiento fiscal contratados”, por lo que confirma su fallo con la única salvedad de reducir el pago por costes financieros a las cantidades que se cifren en el litigio abierto entre Félix Santiago y la Agencia Tributaria.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas