La Federación Canaria de Municipios (Fecam), órgano que representa a los 88 ayuntamientos canarios, rechaza la potestad que, asegura, da la futura Ley del Suelo a los cabildos y al Gobierno regional de imponer, de forma excepcional, reclasificaciones de suelo en contra incluso de los planes generales que aprueban los municipios.
“El Gobierno canario debe hacer una nueva lectura de esas excepcionalidades, porque estamos disconformes con las que el anteproyecto de ley permite independientemente de lo que diga el planeamiento general, y pediremos que si se propone una nueva categorización del suelo el informe del ayuntamiento debería ser preceptivo”, afirmó ayer a este diario el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, quien preside la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam.
Con las salvedades que los alcaldes remitirán al Gobierno autonómico, lo cierto es que, según indicó Martín, la Fecam estima“positiva” la propuesta de Ley del Suelo hecha por el Ejecutivo regional de CC y PSOE, “ya que por una vez se delimitarán competencias de cada administración pública para evitar solapamientos y exceso de burocracia, y se fijan unos plazos para que cada institución pública emita su informe sobre un plan””.
En este punto, el regidor municipal isorano tachó de“disparate” que, con los actuales procedimientos, la aprobación de un plan general se pueda demorar más de 12 años y 6 un plan parcial. “Esta nueva ley permitirá acabar con muchos de esos cuellos de botella que sufrimos”, apostilló.
Martín cree que se están dando “lecturas falsas” y “alegres” de la futura ley como la de que favorece la especulación con el suelo por los ayuntamientos, “cuando la realidad es que el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) seguirá siendo vinculante”.
El anteproyecto de la ley presentado por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, vacía de poder la Cotmac, de modo que, si bien hará informes vinculantes sobre los planes insulares y generales, cabildos y ayuntamientos podrán aprobar el planeamiento de forma definitiva, sin necesidad de que este vuelva al citado órgano del Ejecutivo regional.
Además, obliga a que todas las instalaciones en suelo rústico incorporen energías renovables; abre la vía a que se puedan legalizar viviendas no acogidas a la amnistía de 1997 ni legalizadas antes de la Ley de Directrices de 2003; elimina la obligación de los ayuntamientos de pedir la conformidad de los cabildos para obras en cascos históricos una vez aprobado el plan especial de protección; y recorta la tramitación de los planes generales a entre cuatro y seis años como máximo, entre otras muchas medidas.
La futura Ley del Suelo derogará otras normativas como la de Directrices de Ordenación General, el Texto Refundido de las Leyes de Espacios Naturales y de Ordenación del Territorio, y la de Inversiones Estratégicas.
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