El decano del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Rodríguez, desveló ayer a DIARIO DE AVISOS que desde el pasado 1 de enero, fecha en que entró en vigor el llamado papel cero, “se gasta más papel” en los juzgados de la provincia tinerfeña. Rodríguez, que se mostró partidario de cualquier avance que se produzca en la digitalización de la Justicia, calificó como “irreales” los datos aportados por la Delegación del Gobierno en Canarias, que aseguró que la plataforma Lexnet estuvo disponible para los usuarios durante el 99,2% del tiempo.
Para explicar el contrasentido según el cual una medida encaminada a terminar con el uso de papel en las comunicaciones de los juzgados, el máximo representante de quienes tienen encomendada la misión de garantizar jurídicamente las mismas explicó que la causa radica en que “nuestros juzgados no están preparados para utilizarlos, hasta el punto de que no pueden trabajar con los documentos en pantalla y por eso tienen que imprimir todo lo que reciben; de ahí que se gaste más papel ahora que antes del pasado 1 de enero”.
Esta focalización en los juzgados como principal sede del fracaso del Lexnet coincide con lo manifestado en su día por el decano del Colegio de Abogados de Tenerife, Víctor Medina.
Para Rodríguez, estas carencias en los equipos informáticos que operan en las sedes judiciales provinciales es una constante “salvo en La Laguna”, sin duda beneficiados porque, al ser el Palacio de Justicia de la Ciudad de los Adelantados de reciente construcción, cuenta con ordenadores más actualizados.
Pero los problemas surgidos a raíz de la aplicación del papel cero, dispuesto en una normativa emanada desde el Gobierno central, van más allá de su ineficacia en cuanto al ahorro de papel. “Los procuradores hemos detectado que no hay unidad de criterio; nos consta que los juzgados cuentan con un protocolo de actuación, pero la realidad es que cada uno actúa a su mejor entender a la hora de exigir los requisitos para la presentación de documentos”, añade Miguel Rodríguez.
En cuanto a cuándo podrá mejorar el sistema lo suficiente, el decano de los procuradores tinerfeños desveló que “en una reciente reunión con el viceconsejero autonómico de Justicia [Manuel Fajardo] y la directora general [de Relaciones con la Administración de Justicia, Lourdes Quesada], me confiaron que para los próximos meses de junio o julio esperan que la mayoría de los juzgados cuenten con la infraestructura adecuada” para el correcto funcionamiento del llamado papel cero.
Ya desde una perspectiva más amplia, al menos desde el punto de vista cronológico, tan relevante testigo a la hora de hablar sobre las comunicaciones con la Justicia reflexionó que “es verdad que la comunidad autónoma Canaria ha contado con tiempo más que suficiente como para afrontar convenientemente este asunto, pero no menos cierto es que desde Madrid se aprobó una norma sin dotar de los recursos suficientes para su aplicación”.
A este respecto, Rodríguez recordó una de las demandas más clamorosas que se escucha en cualquier rincón de la Justicia canaria: “Aún seguimos esperando a que los millones de euros recaudados con las tasas judiciales en las Islas se empleen en mejorar el servicio de nuestra administración de Justicia, como prometió en su día el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Por último, el decano de los procuradores se mostró sorprendido por las estadísticas apuntadas por el actual ministro, Rafael Catalá, acerca de este tema: “Supongo que reflejan la realidad de, por ejemplo, Cuenca, pero debe venir a Canarias o visitar Cataluña o Valencia o, en suma, cualquier comunidad con competencias transferidas, para saber lo que está pasando en realidad”.
[sws_grey_box box_size=”100″]Otras voces en la polémica
La aplicación del llamado ‘papel cero’ en las Islas no es ajena al resto del territorio nacional. En comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia se repite, en mayor o menor medida, la solicitud de una moratoria o suavización de la norma ante las dificultades previstas.
El Gobierno de Canarias ya abogó antes de su implantación por una flexibilización en esta digitalización de las comunicaciones con los juzgados. tal postura se vio reflejada en la Conferencia Sectorial celebrada en noviembre pasado. El Ministerio ignoró entonces, como ahora, la recomendación.
El Colegio de Abogados de Tenerife se manifestó el pasado martes en declaraciones a este periódico en favor de dicha moratoria. Su decano en funciones, Víctor Medina, reveló que es en los juzgados donde se producen los mayores desajustes de la plataforma Lexnet, tal y como ahora confirman los procuradores.
El portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, emitió esta semana un comunicado en el que pide al Gobierno de España la referida moratoria.
El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, replicó que hubo “tiempo y recursos suficientes” para una correcta aplicación del papel cero y defendió la efectividad en el uso de la plataforma Lexnet.[/sws_grey_box]
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