El mal estado de las redes públicas de agua en Tenerife supone un alarmante derroche de dinero. Solo en doce municipios, el coste del líquido elemento perdido ascendió a más de 91 millones de euros en un lustro, a razón de más de 18 millones cada año. Así lo concluye un informe del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) que fiscalizó la gestión de este servicio público entre 2007 y 2011 en Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal,La Victoria, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos, Güímar, Arico y Adeje.
El Tribunal analizó también lo ocurrido en Lanzarote y Fuerteventura, y revela que en esa etapa el coste de las fugas de agua entre las tres islas suma 142 millones, algo que el PP ya ha tachado de “escandaloso”, y ya ha anunciado en el Parlamento regional que exigirá responsabilidades.
El informe destaca que tres municipios pierden más de la mitad del agua que compran o producen: La Victoria (donde se fuga el 56,7%), El Rosario (51,9%) e Icod (51,03%). Otros pierden más de un tercio de sus recursos hídricos: Los Realejos (43,39%), Güímar (31,71%), La Laguna (30,36%) y Tacoronte (30,24%). Porcentajes inferiores tenían Adeje (28,21%), Santa Úrsula (26%), El Sauzal (25,41%) , Puerto de la Cruz (23%) y Santa Cruz (13,13% de pérdidas registradas pero 9,68% de agua ni facturada ni dada como perdida).
A la cabeza en el coste de estas fugas -sumando un lustro- se situó La Laguna, con 23,9 millones de euros , seguida de la capital, con 19,4; Adeje, 16,3; Puerto de la Cruz, 4,7; Los Realejos, 5,8; El Rosario, 5,5 ; Icod de los Vinos , 3,9, Tacoronte, 3,8; Güímar, 3,1; La Victoria, 2,4 ; Santa Úrsula, 1,9 ; y El Sauzal, 473.137 euros.
El órgano fiscalizador encontró otras fugas, no de agua, sino del deber de cumplir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así, halló irregularidades en seis contrataciones, tanto del Consejo Insular de Aguas (CIAT) como de ayuntamientos por más de 6 millones de euros.
En el caso del CIAT, organismo del Cabildo, se trata de dos adjudicaciones: suministro de equipos de desalación en Güímar y Granadilla por 2,03 millones, tramitado a juicio del Tribunal “con infracción legal”por procedimiento de emergencia; y el abastecimiento de Tegueste, por 1,55 millones, contratado sin constar en el acta de replanteo la disponibilidad de los terrenos y sin dar más puntuación a las ofertas más bajas, lo que vulneró el principio de economía en la gestión de fondos públicos.
En cuanto a los ayuntamientos, el de Santa Úrsula contrató, por vía urgente, pero sin justificarla -como obliga la Ley- obras en un estanque de La Quinta por 0,6 millones. También se usó de forma indebida procedimiento de emergencia en El Rosario para la red de agua potable en el Camino de las Cuevecillas, por 0,64 millones. En Los Realejos, el consistorio invirtió 0,38 millones en sectorizar y controlar consumos en la red, sin cumplir la obligación legal de justificar la inversión.
En los expedientes citados de El Rosario, Los Realejos y otro de Puerto de la Cruz (asfaltado, aceras y red de abastecimiento en avenida de Melchor Luz, por 0,67 millones) se saltaron el principio legal de igualdad de los concursantes, al valorarse las ofertas con criterios “subjetivos” y no primarse la mejor oferta económica.
Por último, en Güímar, el Ayuntamiento contrató por vía de emergencia- sin la obligada justificación- las obras el depósito de Chacaica por 113.804 euros, por lo que debieron salir a concurso.
El órgano auditor recomienda fijar precios máximos al ser el agua privada
El Tribunal de Cuentas del Estado recomienda al Cabildo tinerfeño que “debería impulsar” ante el Gobierno canario la petición de que establezca criterios “para determinar precios máximos o de vigilancia especial para las transacciones y transporte de agua”, debido a que, según subraya en su informe, “en la isla los precios se determinan en función de la oferta y la demanda en cada momento”.
Y es que , según subraya el Tribunal, Canarias es una “excepción al sistema general de propiedad pública del dominio hidráulico” en España, pues el agua está en manos privadas, mediante concesión administrativa por 50 años, y además, sus poseedores tienen derecho preferente a prorrogar la concesión.
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El Cabildo afirma que ayudará a mejorar las redes hidráulicas de los municipios
El consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, afirmó ayer que tomó nota del informe del Tribunal de Cuentas estatal en cuanto se publicó, aunque asegura que siempre ha sido consciente del problema de las graves pérdidas de agua en las redes de abasto de Tenerife, por lo que en el Cabildo trabaja “desde el minuto uno” en este mandato para ayudar a los ayuntamientos a mejorar esta situación.
Recordó Martínez que ya en agosto pasado, recién llegado al cargo, afirmó a este diario que los actuales porcentajes del 50% de pérdidas son inaceptables y anunció un plan de inversiones, una vez los ayuntamientos expongan sus necesidades.
A su juicio, aunque nunca se llegará a aprovechar el 100% del agua adquirida o producida en los municipios, admitió que el porcentaje actual que se desaprovecha es muy alto, y que un nivel “óptimo” se situaría entre el 20% y el 25%.[/su_note]
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