Montserrat González, de 75 años, pidió hace siete la revisión de su grado de discapacidad, desde 2005 reconocida en un 33%, al acumular cada vez más enfermedades. Tras varios años en los que su expediente no ha avanzado ni culminado en esa mejora, denuncia al DIARIO DE AVISOS una situación que califica de “intolerable, miserable y negligente”. Por eso, y tras esta censura pública, espera que se reconozcan sus derechos básicos, así como los de los miles de usuarios con discapacidad “atrapados en enormes listas de espera” para citar, evaluar o para la revisión del grado. “No soy la única víctima, hay muchas más”, lamenta y critica.
González considera su situación “inmoral” porque lleva más de 88 meses esperando una revisión de grado de discapacidad y tienen claro que ya debería tener reconocido un grado superior. “Esto es una agresión a mi persona y a todos los usuarios que esperamos por trámites en discapacidad”. A su juicio, se trata de “una negligencia continuada” de todos los gobiernos y partidos: “del anterior porque ni aceleró los procesos ni bajó la demora y puso en marcha un aplicativo informático que falla, y del actual Ejecutivo que, tras volver a la consejería, parece que tampoco estén trabajando para arreglar una situación con miles de afectados”, subraya.
La hija de Montserrat expuso su caso al Diputado del Común y, con su mediación, le dieron cita para el pasado 25 de septiembre. Tras ser recibida por la evaluadora, “pensaba que el asunto estaba más que acabado, pero, sin embargo y tras seis meses más sin noticias, el pasado 7 de mayo le informaron de que hubo un problema informático con su expediente de revisión de discapacidad. “Alegaron que mi expediente se ha perdido, junto al de otras personas”.
Tras escuchar sus quejas por otro contratiempo más, varios trabajadores de la dirección de Discapacidad, “amablemente me animaron a que reclamara”, explica.
La demora que sufre esta usuaria es absolutamente escandalosa y legítima su reivindicación de reconocimiento de derechos como persona con discapacidad. “Podía entender que hayan situaciones más graves, como los expedientes a menores, no lo discuto, ¿pero siete años sin resolver?”, se pregunta antes de calificar su situación de “indecencia desmedida hacia una ciudadana enferma”, con más de 15 patologías, la última un cáncer de mama por el que acude a tratamiento de radioterapia. “De manera absolutamente canallesca -remarca-, he sido olvidada durante años”, hasta que volvió a ponerse en marcha el proceso a partir de esa queja ante el Diputado del Común. No obstante, su expediente “ha vuelto a quedarse empantanado” por un supuesto fallo informático.
Tenía una minusvalía inicial del 33% concedida en 2006 porque sufría una artrosis de cierta importancia en el cuello y en las rodillas (ahora ya tiene una prótesis en esta articulación), lo que le originaba problemas de espalda. Con el paso de los años, su salud se ha ido complicando por complicaciones cardiópatas (estenosis mesentérica), tensión alta, diabetes, una vertebroplastia tras una caída, problemas de colon y otras vicisitudes que le hacen clara merecedora de una revisión del grado de discapacidad, a lo que se suma ahora un tratamiento de cáncer de mama.
González muestra la solicitud de revisión que presentó en enero de 2017. Desde entonces, “no me contestaron pese a que fui, en varias ocasiones, al edificio Príncipe Felipe sin obtener respuesta”. Hasta que se le agotó la paciencia “y entendí que la situación era no solo intolerable, sino negligente”. Por eso, acudió al Diputado del Común, al que expusieron el caso el 25 de julio del 2023. Rafael Yanes se mostró “absolutamente horrorizado, y González asegura que, en varias reuniones, “calificó mi situación como un espanto”.
Gracias a la mediación de la Diputación, el 25 de septiembre de 2023 la citaron para una revisión y le atendió una doctora evaluadora. “Tras comprobar mis nuevas enfermedades, suponía que se avanzaría el expediente y se resolvería en poco tiempo”. La dirección de Discapacidad comunicó al Diputado del Común que “la queja estaba en trámite”, por lo que procedió a su archivo. Sin embargo, volvió a abrirse en marzo de 2024 debido a que seguía sin recibir una respuesta sobre el expediente y se emitió un escrito a la consejería. Transcurridos siete meses, una llamada telefónica el pasado 7 de mayo desde la dirección le comunicó que el expediente “no se ha resuelto por un problema informático porque se perdió”.
González fue, durante 44 años, trabajadora social y, en sus últimos 20, ejerció de jefa de servicio de una institución, así que ha sacado adelante muchos expedientes más o menos complejos. Por eso, cree que “esta situación es una indignidad, de una absoluta incapacidad y negligencia excepcional”, al tiempo que censura que pueda haber “miles de personas vulnerables en mi misma situación”.
Reclamación
En las últimas horas, ha presentado un nuevo escrito ante la consejería de Bienestar Social en el que avisa de que “tomaré las medidas oportunas en defensa de mis legítimos intereses” porque todo le parece “una burla”. “Tengo 18 diagnósticos diversos y muchos problemas de salud que estoy soportando; quiero que se reconozcan mis derechos básicos, es una situación intolerable y miserable”, sostiene.
Montse se muestra harta de llamadas con excusas, como “estamos desbordados, no hay personal y, ahora, un fallo informático. Parece que se ríen de nosotros. Seguro que hay mucha gente con más necesidad de que se resuelvan sus expedientes en una región con mucha pobreza y miseria, pero no tenemos que aguantar la incapacidad e ineptitud de sus administradores.Todos queremos que se resuelva esto y, para ello, reclamaré donde sea, empezando por la vía judicial”.
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