El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el inicio de los expedientes sancionadores a los propietarios de las embarcaciones fondeadas en la playa de Las Teresitas. Se trata de 28 nombres (de los casi 170 que hay censados en la zona) a los que la Delegación del Gobierno en Canarias da 15 días para que presenten las alegaciones que estime necesarias antes de proceder a la resolución del expediente. Según la misma administración, el trámite concluirá con la retirada de la playa de las embarcaciones al estar ocupando el dominio público marítimo terrestre, tal y como informó la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.
Asegura la administración estatal que el anuncio del BOE también recoge que se estudiará la posibilidad de tramitar autorizaciones provisionales para las embarcaciones dedicadas a la pesca tradicional, algo que, indican desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, solo podrían hacer una decena de propietarios.
Según la Delegación del Gobierno, tras una reunión con el Ayuntamiento de Santa Cruz para analizar la situación de estas embarcaciones, el Consistorio remitió a Costas un listado de las barcas para que, en su caso, se proceda a tramitar los expedientes sancionadores para restituir el uso natural de la playa para el baño. Desde el Consistorio, el edil de Medio Ambiente, Carlos Correa, mostró ayer su malestar con esta afirmación al entender que se traslada la responsabilidad al municipio de sacar las barcas de la playa, algo en lo que “no tenemos competencias”. El edil explicó que en esa reunión se propuso reordenar la zona balizando las barcas y separándolas de la zona de baño. “Incluso asumíamos nosotros el coste de esta medida, pero se negaron”, añadió. “Insistieron -continuó Correa- en que se necesita autorización para ocupar el dominio marítimo-terrestre y que esas barcas no lo tienen”. “Nosotros no podemos hacer nada, si las quieren sacar han de hacerlo ellos”, concluyó.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Un peligro para la seguridad de los bañistas y para el medio ambiente
La Delegación del Gobierno detalla que estas embarcaciones suponen una ocupación del dominio público marítimo terrestre que constituye un peligro para la seguridad de los bañistas, unido a la generación de residuos, lo que no permite el mantenimiento de la playa en las adecuadas condiciones de limpieza, higiene y seguridad. Conforme a la normativa de Costas, es competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por el Estado.[/su_note]
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