La moratoria turística que se promulgó en Canarias en 2001 quedará liquidada este año. Los últimos vestigios de aquella iniciativa, que perseguía controlar el crecimiento del sector para no desbordar la capacidad de carga del territorio, van a desaparecer.
Será mediante una reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística, cuyo anteproyecto aprobó el pasado 15 de febrero el Gobierno regional, para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló un artículo tras un recurso del Gobierno de Rajoy a propuesta del ministro y presidente del PP canario, José Manuel Soria.
Aunque en el momento de dictarse la sentencia, octubre de 2015, ya se había cambiado con otra ley, la 9/2015, la prohibición, anulada por el Constitucional, de nuevos establecimientos inferiores a 5 estrellas (salvo por renovación de existentes ya obsoletos), aún persiste un apartado inconstitucional.
Y es que, si bien desde mayo del pasado año tal restricción se cambió por la de autorizar alojamientos de cualquier categoría, siempre que cumplan estándares de calidad edificatoria y medioambiental, mantiene una distinción que vulnera la ley estatal y la propia sentencia del TC, ya que exonera de estos requisitos a los de cinco o más estrellas .
De este anteproyecto de ley abordado en febrero por el Consejo de Gobierno de Canarias poco ha trascendido, de lo cual se quejado desde la tribuna del Parlamento regional esta semana el portavoz de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, quien asegura haberse hecho con el documento mediante fuentes ajenas al propio Ejecutivo.
El diputado grancanario no dudó ayer en considerar que esta reforma legislativa, tal cual está redactada, pone fin a la moratoria que comenzó siendo él presidente del Gobierno canario, en 2001 con medidas cautelares, y que se plasmó dos años después en la Ley de Directrices, que prohibía nuevos hoteles salvo de lujo, ligados a parques temáticos, y ponía un límite anual de nuevas camas.
En 2009, con Paulino Rivero (CC) de presidente, se quitó este cupo, y en 2013 la Ley de Renovación Turística introdujo criterios cualitativos, limitando las autorizaciones a hoteles de cinco estrellas -lo que se topó con el rechazo del PP y de las patronales e instituciones grancanarias- , criterio que luego se modificó en 2015 con la actual redacción de la ley.
Con la prevista derogación del apartado c del artículo 4.2 de la vigente ley ,se podrán construir hoteles de cualquier clase ( y apartamentos, cuando no los prohíba el planeamiento territorial), que cumplan unos estándares de calidad y servicio, con eficiencia en ahorro de agua, consumo de energía, contaminación acústica y lumínica y gestión residuos.
En todo caso, todo parece aún provisional, ya que el Gobierno canario tiene previsto afrontar en 2017 una nueva revisión, a fondo, de la legislación turística, como ha iniciado ya con la del territorio.
Así las cosas, el presidente de NC acusa a Fernando Clavijo de “aprovechar la sentencia del Tribunal Constitucional” contra la Ley Turística “para dar barra libre en suelo turístico, alegando que no es posible poner ninguna restricción, lo cual no es cierto”.
Rodríguez asegura que “ya en su día NC advirtió de que fijar límites solo cualitativos tenía el inconveniente de la Directiva de Servicios pero en cambio sí se puede establecer un control del crecimiento en base a la capacidad de carga del territorio y el medio ambiente” .
A su juicio, Clavijo “pasa por la derecha del propio PP, pues con la reforma de la Ley Turística y la de Ley del Suelo, quieren 25 millones de visitantes, cuando sabemos que más turistas no significa más empleo y es mejor un modelo turístico de calidad, con valor añadido”.
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El Gobierno niega que dé barra libre con la ley turística, pues exigirá calidad a los nuevos hoteles
El viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, aseguró que la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística que tramita el Gobierno canario desde mediados de febrero obedece exclusivamente a la necesidad de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de un recurso del Gobierno estatal, por lo que negó la interpretación dada por Nueva Canarias (NC) en el sentido de que el Ejecutivo regional vaya a dar “barra libre” a los hoteleros.
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