Todos los ayuntamientos, o casi todos, cierran los presupuestos de un tiempo a esta parte, justo cuando el PP impuso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en las administraciones locales, con superávit.
Es eso de ahorrar una buena medicina en tiempo de bonanzas y/o de crisis, aunque aquí más que ahorrar se trata de contener el gasto, no así los ingresos, con lo que se producen esos superávits que de cara a los ciudadanos no deja de ser una tomadura de pelo, por cuanto esa supuesta bonanza económica no repercute en mejores servicios o en rebajas de impuestos, más todo lo contrario.
En el Valle de Güímar, sin ir más lejos, los tres consistorios presumen de una buena salud económica. Así, Arafo, el pueblo más endeudado de la Isla, tras 30 años de Calzadillismo, puede ahora librar dinero para inversiones, aunque ese plan de ajuste le hizo dimitir a Lemes del PP, mientras que Güímar, en contra de lo que algunos pensaban, “ingresa más de lo que gasta”, gracias a la “buena política recaudatoria”, según su edil de Hacienda, Javier Mederos. Un hecho, sin embargo, que contrasta con los reparos que han puesto a casi medio millar de facturas tanto la secretaria como la interventora. Además, hay una deuda de medio millón de euros de contrataciones que pueden estar sujeras a investigación judicial.
En Candelaria, casi igual, más de siete millones de remanente positivo y siguen subiendo la tasa del agua o pidiendo créditos para mantener empresas municipales donde pueden dar empleo ante la falta de plazas públicas.
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