Canarias aprobó 83.000 nuevas camas hoteleras durante la moratoria turística

La moratoria turística en Canarias, cuyo máximo exponente normativo fue la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, aprobada en 2003, no fue un parón real en la construcción de nuevos hoteles.

Así, entre 2001 y 2009, el momento más restrictivo de la normativa de la Moratoria, se autorizaron más de 83.000 camas turísticas, según los datos que se destacan en el libro La Moratoria turística de Canarias: la reconversión de un destino turístico maduro desde la Ordenación del Territorio, obra de Moisés Simancas, profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna.

De esa cantidad, 40.279 son autorizaciones previas otorgadas al amparo de las excepciones que permitía el decreto 4/2001, 20.401 a raíz de la Ley de Directrices, 6.739 por su declaración como de interés general según el procedimiento previsto en la citada ley, y 17.102 derivadas de los recursos estimados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Simancas subraya que entre 1997 y 2000 se autorizaron 131.000 plazas. De este modo, en 2001, justo al comienzo de la Moratoria, existían 350.000, y la cifra alcanzó las 420.000 camas en 2001. “Se había generado un auténtico tsunami de plazas alojativas, pues interesaba la construcción sin ningún tipo de demanda, para materializar la RIC, los incentivos regionales y aprovechar los créditos a bajo interés”, explica. Simancas pone de relieve que el cambio hacia un modelo turístico más cualificado ya lo advirtieron los propios empresarios, que habían solicitado plazas de 4 y 5 estrellas y apartamentos de 3 llaves.

El libro lo prologa Andrés de Souza, jefe de servicio de Infraestructuras Turística del Gobierno canario de 1995 a 2006, quien opina que “la sostenibilidad es la que puede dar solidez al sistema turístico canario” y que una vez “rechazado ese modelo que se apunta en el avance de las Directrices del Turismo, cabe preguntarse si es realmente sostenible el planteamiento adoptado por los poderes públicos, con una constante producción normativa que apabulla y confunde a todos los actores, no reconoce el hecho insular y distorsiona lo pretendido por la Moratoria, esto es, hacer un alto en el camino para pensar”.