La realidad virtual no es una ficción en la Administración autonómica de Canarias. Desde 2013, Gran Canaria y Tenerife se conectan a través del servicio de telepresencia de Cisco, de fibra óptica, suministrado sin coste adicional por Telefónica, la empresa adjudicataria del contrato de telecomunicaciones y redes.
La calidad de imagen y sonido es tal que la distancia no hace el olvido. Esta tecnología puntera y pionera transmite una extrasensorial percepción de cercanía que ubica a los interlocutores en un espacio multidimensional.
Los jueves, de 10.00 a 12.00, se reúnen en estas salas las unidades responsables de la información pública (URIP). Todo comenzó tres años atrás, de manera informal, antes de que en enero de 2015 entrara en vigor la ley canaria de transparencia. Tampoco se había aprobado la normativa básica nacional. El grupo se constituyó con la finalidad de construir el portal de transparencia, cuya versión renovada acaba de cumplir tres meses. En la cita semanal se persiguen dos objetivos fundamentales: unificar los criterios sobre la publicidad activa y repasar la casuística que se genera con las solicitudes de información por parte de la ciudadanía (en 2015 se registraron 91).
Actualmente hay creadas 22 URIP: 11 en el Gobierno (la presidencia y las 10 consejerías) y otras tantas en los organismos autónomos. Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios integrados en el sector autonómico también deberán establecer su correspondiente órgano de coordinación y supervisión, encargado de cumplir las obligaciones de información. La URIP canaliza los datos de su departamento, lleva el seguimiento y control de la correcta gestión de las demandas de acceso y, en su defecto, de las reclamaciones. Ofrece apoyo y asesoramiento técnico en la tramitación y resolución de las peticiones, orienta en el ejercicio de este derecho, guía en la búsqueda de la información y se ocupa de la inscripción. Además, redacta informes sobre el grado de aplicación de la ley en su área de influencia competencial. La unidad depende de la secretaría general técnica o su equivalente.
El nexo entre las URIP es la dirección general de Transparencia y Participación Ciudadana, atribuciones que hoy recaen en Teófilo González. “Ahora mismo, la URIP es una pieza fundamental en el desarrollo y ejecución de la ley de transparencia”, declara al DIARIO durante uno de esos encuentros en las instalaciones de Santa Cruz. “Me están resultando de gran utilidad. Para mí, es una estructura absolutamente clave”.
González apela a la pedagogía para que la gente aprenda a valorar la transparencia. En marzo, el consejero Aarón Afonso no ocultó que “todo es mejorable” y, ante las críticas de la oposición, defendió la “voluntad” del Ejecutivo regional de no esconder nada. Quiso dejar claro que estamos inmersos en un “proceso continuo de actualización y progresión”. Las carencias motivan a trabajar con ahínco, los obstáculos son señales en el camino para avanzar y el interés despierta sueños dormidos.
En el barco que navega por las cristalinas aguas de la transparencia, cada palo aguanta su vela o naufraga la tripulación entera. Cuando en julio de 2014 se activó el portal, la Consejería de Presidencia asumió el cometido de colocar el material que enviaban desde varios sitios. Ahora están repartidas las tareas y distribuidos los elogios o las afrentas. Si el reloj se atasca, mirar la hora es una pérdida de tiempo. Y eso genera frustración, admite Teófilo González. Que los bloques temáticos no sean un ladrillazo supone una evolución del concepto.
En esta tendencia aperturista, la colaboración institucional no es irrelevante. En abril, el director general visitó a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, en un momento en el que la Cámara ha relanzado su plan estratégico de transparencia. En un futuro próximo, la ciudadanía podrá enmendar iniciativas legislativas desde la calle mediante una plataforma electrónica de participación. Ya no hay que esperar para consultar, a través de la caja de búsqueda de la web, 200.000 entradas y 8.000 documentos en formato de PDF.
En la casa de Teobaldo Power reside el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el “órgano de fomento, análisis, control y protección”. Entre sus encomiendas, realizará un balance anual sobre el cumplimiento de la ley de transparencia y lo expondrá ante los representantes de la soberanía popular. En estos menesteres se estrena Daniel Cerdán, que el martes 31 de mayo comparecerá ante la comisión pertinente.
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Una plaza de promoción interna para el Consejo Consultivo
El Consejo Consultivo ha convocado, por acuerdo de la Mesa del Parlamento, un concurso oposición para la provisión, por promoción interna mediante el procedimiento de funcionarización, de una plaza de técnico superior para la puesta en marcha de la unidad de transparencia. Entre los requisitos, los aspirantes deben ser personal laboral fijo del Consejo Consultivo, haber realizado funciones relacionadas con la titulación del puesto que se va a cubrir, poseer la capacidad para el desempeño de las tareas, no haber sido separado del servicio en virtud de expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial ni para ejercer las tareas que desempeñaba como laboral. En la valoración de los méritos influye la experiencia profesional en funciones similares en alguna Administración, a razón de un punto por año con un máximo de doce. Intersindical Canaria recela. Ha interpuesto un recurso de reposición[/su_note]
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