Los tres hombres acusados de organizar ataques informáticos contra la Junta Electoral Central, la Web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011 han negado los hechos y pertenecer a ‘Anonymous’.
Así lo han indicado durante el juicio celebrado en el Penal número tres de Gijón, en el que los abogados de la defensa han insistido en la vulneración de derechos constitucionales durante la causa, como las grabaciones de las conversaciones entre abogado y cliente o la ruptura de la cadena de custodia de uno de los ordenadores intervenidos. El juicio ha quedado suspendido hasta este jueves, a las 9.30 horas.
Especialmente relevante ha sido para los abogados de la defensa el hecho de que el responsable de la Web del Congreso testificara que la caída del servicio fue intermitente y que quien arregló la Web de la Junta Electoral Central fue un empleado de plantilla, con lo que los 700 euros atribuidos como daño eran una estimación a precios de mercado.
En el caso de uno de los acusados, R.T.S., este ha destacado que en el momento de los hechos estaba en su trabajo, embarcado en Almería en un buque de salvamento en el que no tenía acceso a Internet y, por tanto, tampoco a su ordenador de manera remota, donde tenía instalado un servidor en el que se alojaban Web de diversas asociaciones o de empresas de amigos, así como canales de chat.
“Pero nada ni por asomo con fines delictivos”, ha sostenido, para asegurar después de que se había enterado ‘a posteriori’ del ataque a la Web de la Junta Electoral. También ha defendido que “jamás” tuvo constancia de que se alojara en su ordenador algún programa ilegal o red de ordenadores ‘fantasma’ en su servidor desde donde se coordinara el ataque. Además, ha dicho no conocer “absolutamente de nada” a los otros dos acusados.
Precisamente a este acusado es a que la Policía atribuía ser uno de los incitadores de los ataques desde el servidor de su casa. La Fiscalía, en este caso, ha intentado demostrar que el procesado sí tuvo acceso a Internet en el barco en el que estaba, cuando sustituía al capitán del mismo.
En el caso de uno de los otros procesados, J.Z.F., este ha explicado cómo fue detenido cuando creía que iba a verse con un usuario de un chat de Internet y que permaneció seis horas en Comisaría hasta que vino su abogado de oficio. También ha señalado que, sin presencia de letrado, se le dio a firmar una autorización de registro de casa de sus padres y se llevó a cabo aún sin su abogado. Además, ha indicado que los policías le dieron a firmar una declaración ya impresa.
Ha explicado, asimismo, que creó un chat para hablar de diversos temas y ha puesto de manifiesto, como el resto de acusados, que el ‘nick’ –nombre de usuario– puede suplantarlo cualquiera, con lo que no queda demostrado quién está detrás realmente de ese nombre.
Por su parte, Y.L.I. ha testificado que estudia la vulnerabilidad de páginas Web, por lo que tiene herramientas para evitar su pirateo. Y aunque ha reconocido que por interés investigó qué pasaba con ‘Anonymous’, ha negado haber participado. Sí que, “de manera muy superficial”, comprobó semanas antes del ataque la vulnerabilidad de la Web de la Junta Electoral Central. Sobre su acusación, ha opinado que la Policía “tenía que enganchar a alguien”.
ARCHIVO DE LA CAUSA
Sobre estos hechos, a la conclusión del juicio, ha hablado el abogado de Y.L.I., Carlos Sánchez Almeida, quien ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el juicio debería haber quedado archivado una vez que el responsable informático de la Web del Congreso, donde se alojaba la de la Junta Electoral Central afirmara que la interrupción del servicio fue de escasos minutos y de madrugada, con lo que no queda acreditado, a su juicio, que se produjeran daños informáticos.
Tampoco queda claro que esta caída del servicio se deba a un ataque de denegación de servicio, es decir, que se hicieran envíos masivos de peticiones o correos con intención de bloquear la página Web, a su parecer. Sánchez Almeida ha opinado que fueron las “innumerables” cartas de protesta que se remitieron por parte de los campamentos del 15-M solicitando que la Junta Electoral Central permitiese las acampadas. “Es la causa política de las protestas en aquel momento y del montaje policial que hemos vivido en todos estos años”, ha afirmado.
A esto ha sumado que no se generó “ninguna factura adicional” para el Estado, sino que la persona que subsanó el problema está en nómina del Congreso. “No costó absolutamente nada al Erario público”, ha remarcado, por lo que no hay daños objetivos y el que caso no debería ni continuar, ha defendido.
Según él, es un caso que se tendría que haber archivado sin necesidad de llegar a juicio ni de este dispendio de las finanzas públicas. Es por ello, que ha avanzado que se pedirá la libre absolución de todos los acusados, que además no constituyen un grupo criminal porque no se conocían.
También el abogado de R.T.S ha defendido que no hay acreditado que se produjera ningún daño, al arreglarse con los propios medios de la Junta Electoral Central, por lo que debería ser archivado. Ha insistido en la inocencia de su cliente, tanto respecto al ataque como a la acusación de pertenencia a ‘Anonymous’. Para él, se ha intentado buscar el agravamiento de la conducta para pedir una pena mayor.
Ha apuntado, además, que su cliente, después de cinco años, lo que quiere es “olvidarse de esta historia que bastante sufrimiento le ha supuesto en su vida”. Ha incidido, en este punto, en que fue la Policía quien dio una rueda de prensa “exagerada y desproporcionada” con información “absolutamente hinchada” y sacando del anonimato a los acusados. Ha descartado, a su juicio, que en España exista ‘Anonymous’ como grupo criminal al no responder a los requisitos que marca el Código Penal.
PENAS DE CÁRCEL
La Fiscalía, por su lado, les acusa de un delito de grupo criminal y uno continuado de daños, con atenuante de confesión para uno de ellos. Para este último pide cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 4.200 euros, mientras que para los otros dos solicita 5 años y 4 meses de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.600 euros. Además, deberán indemnizar conjuntamente con 700 euros al Congreso.
El Ministerio Fiscal sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, y con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, el colectivo ‘Anonymous’, del que formaban parte los tres acusados, preparó dos ciberataques.
De esta forma, los buzones del Secretario General y del Director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, así como el de la propia Junta, recibieron el día 19 un total de 130.841 mensajes y, el día 20, un total de 214.103, colapsando su funcionamiento.
Asimismo, la página web recibió un gran número de peticiones simultáneas sin esperar respuesta, que en algunos momentos alcanzaron la cifra de dos millones de paquetes de comunicación en menos de un minuto desde una misma dirección IP. Ello ocasionó su bloqueo, impidiendo su normal funcionamiento, al quedar inaccesible para los usuarios de forma intermitente durante dos días.
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