Alberto Villalobos: “No hay voluntad política para acabar con la economía sumergida; no hemos tenido apoyo”

El sector industrial ha sido de los menos afectados por la crisis (a penas se ha perdido empleo en estos últimos años), pero al mismo tiempo es el más castigado por la economía sumergida. Un problema que para Alberto Villalobos, presidente de la Federación del Metal, hay que solucionar, aunque se queja de que no hay “voluntad política” para ello.

-Canarias tiene una tasa de economía sumergida cercana al 25%, ¿es el sector industrial el más afectado?
“Sin duda. Tenga en cuenta que nosotros aglutinamos 25 sectores de actividad muy variados y propensos a este tipo de actividad”.

-Como los talleres mecánicos…
“No todos. La situación ha cambiado. Una de las asociaciones más importantes que tiene Femete es Asintra, la asociación de talleres mecánicos. Ya hay asociados cerca de 600 talleres de la provincia y es de las más dinámicas de la federación porque tiene que estar continuamente evolucionando y profesionalizándose. Esta ha sido la excusa para que muchos talleres se hayan visto obligados a rehabilitarse. Le aseguro que cualquier persona puede estar tranquila en aquellos locales donde está el cartel de Femete. Dicho esto, también le digo que hay de todo en este sector y que desde Femete estamos luchando contra cualquier situación de ilegalidad. Pero tampoco es que hayamos encontrado mucho apoyo”.

-¿A qué se refiere?
“Pues a que no hay mucha voluntad política”.

-¿Y eso?
“Le explico. Industria es quien tendría que hacer las inspecciones, pero no las hace. Hace unos años teníamos un programa con la Consejería donde se nos daba un dinero para sufragar el coste de un ingeniero y un abogado con los que se visitaban los talleres mecánicos y eléctricos. Lo que hacíamos era ayudarlos a legalizarle y a cumplir con los trámites, porque hay mucha gente que no se ha legalizado porque no sabe lo que tiene que hacer; pues bien, nosotros los ayudábamos. En 10 años llegamos a visitar más de 10.000 empresas y regularizamos a más de 1.000. Unas 9.000 estaban legales, pero abrimos unos 150 expedientes de denuncia. Llevamos estos expedientes a la Consejería y ¿sabe cuántas inspecciones se hicieron?”.

-No.
“Cero. Y eso que nos sentamos varias veces con la Consejería. Le dimos los nombres, la dirección… todo, y nada”.

-¿Y el argumento?
“Bueno, lo que nos decían es que no tenían medios y que tampoco iban a correr riesgos físicos, porque temían que fueran a una inspección y les saliera el tipo con un palo. Ellos tenían un listado de empresas y a ese es al que van, pero claro, esas empresas están legales, a lo mejor le puede faltar el extintor o un papel, pero al final es a quienes multan. Está claro que no hay voluntad política. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es darle la vuelta y crear un programa que se llama Yo soy legal, donde luchamos contra la economía sumergida motivando a la legalización”.

-¿Y cómo se hace esto?
“Mire, se trata de un programa donde solo pueden estar inscritas empresas asociadas a Femete y, por supuesto, que estén en situación legal. Lo que hacemos es unir oferta de empresa y demanda de consumidores en una aplicación y ponerlas en contacto. Pueden pedir presupuestos y pedir el que más se ajuste al usuario y después, una vez realizado el servicio, como en los hoteles, puede valorar el trato. Esto es una motivación importante porque genera oportunidad de negocio, pero tienes que estar legal. Ya hemos recibido un montón de solicitudes”.

-La formación y profesionalización de los trabajadores es otra asignatura pendiente del sector. ¿Está usted de acuerdo con el presidente de Asinca, Andrés Calvo, en que hay que repensar los planes de formación profesional?
“Sin duda. En Femete desde siempre hemos apostado por la formación. De hecho, el 57% de los parados que se forman con nosotros encuentra empleo”.

-Pues dígale la fórmula al Servicio Canario de Empleo, porque hace unos días se publicó que solo uno de cada 100 canarios con trabajo lo encontró con ayuda del SCE.
“Bueno, este es el debate eterno, ¿no? Si vamos hacia la formación por la que apuesta el Gobierno y el SCE o por la que apostamos nosotros y el Cabildo. Aun así, le digo que creemos que todas las políticas suman, lo que pasa es que cada vez hay que profesionalizarse más. El SCE lo está haciendo, poco a poco, pero está llegando a acuerdos. Pero también le digo una cosa: quien tiene que poner sobre la mesa este debate es la patronal, otra cosa es que nos hagan caso”.

-Se trata, además, de un empleo estable y bien remunerado.
“Es el más estable, y suelen ser personas con un perfil más cualificado y, por lógica, mejor remunerado; pero necesitamos mucho apoyo en formación”.

-¿No es un problema que la mayoría de las empresas del sector sean pymes. ¿Hay una especie de síndrome de Peter Pan?
“Mire, en Canarias hay 132.000 empresas. Casi el 97% son micropymes, es decir, tienen menos de 10 trabajadores (127.000), y ellas emplean a los 700.000 trabajadores de los 800.000 que hay. Cuando analizas las políticas del Gobierno para el sector industrial, ves que están enfocadas para las grandes empresas, que no estamos en contra, porque aportan empleo y competitividad, pero lo que decimos es que las pymes necesitamos otras ayudas y otros planes diferentes porque, al fin y al cabo, somos los que generamos más empleo. Hay que buscar la manera de redimensionar las empresas para poder ser más innovadores y exportar y competir. Hemos presentado un informe ya al Gobierno para que tome conciencia de esta realidad y ponernos a trabajar y ver de qué forma, no solo con dinero, podemos hacer que estas pymes sean más eficientes”.

-Puede perder Canarias el tren de la industria y quedarse solo con el turismo.
“La industria tiene mucho que aportar a Canarias. Sabemos que el turismo es la gallina de los huevos de oro. No lo podemos obviar y por ello hay que apoyarlo, pero no podemos pensar que el turismo absorberá los problemas del empleo en Canarias, porque no será así. Y aquí la industria, con sectores como el reciclaje, las renovables y las nuevas tecnologías, tiene mucho que aportar. Además, tenemos que aprovechar un continente como África, que está creciendo”.

-¿Por qué todo lo que tiene que ver con la industria se rechaza, cuando genera trabajo estable y bien remunerado y crecimiento económico?
“Pues no lo sé, pero es verdad que esa sensación existe”.

-Aún recuerdo el revuelo que se formó con la llegada de las plataformas petrolíferas y lo “feo” que resultaba verlas en el puerto, y mire, ahora nadie se queja.
“Siempre aparecen los del no. Mire, la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental es importantísima, pero evidentemente no debe ser el único criterio. En este caso, lo más importante es que el puerto ha vuelto a recuperar las reparaciones navales, que generan muchísimo dinero y se pagan muy bien. Y es aquí donde esta el negocio. La verdad es que ha sido una oportunidad inmensa”.

-¿El gas es otra oportunidad para Canarias?
“Mire, lo ideal sería que tuvieras 100% renovables, pero esto no ocurrirá hasta dentro de 20 años posiblemente. ¿Y mientras tanto? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el fuel, que es más contaminante, o nos vamos al gas, que vale la mitad y contamina tres veces menos. Se trata de un mal menor hasta que seamos capaces de producir el máximo porcentaje de energías limpias”.

-Al final parece que el Gobierno ha cedido en el decreto de las gasolineras fantasma y permitirá una persona en cada estación de servicio por turno.
“Sí. Afortunadamente, en esto estamos de acuerdo”.

-¿Lo están también con la propuesta de los cabildos del céntimo verde?
“Bueno, con este asunto tengo una opinión muy personal. Me duele ver cómo las administraciones públicas, cada vez que les falta dinero, suben los impuestos. Aparentemente, un céntimo no es nada, pero oye, son ocho millones de euros que se recaudarán al año y son ocho millones que no van a estar en el bolsillo de los consumidores, y que, por lo tanto, no se van a gastar. Si a este céntimo le añadimos todos los impuestos que tiene encima la gasolina (el 70% de su precio son impuestos) y le añadimos cuando nos subieron el IGIC o el impuesto de circulación, pues mire, no es justo. Las administraciones públicas deben plantearse mejor la gestión de los presupuestos; de forma más rigurosa. Las familias no pueden subirse su sueldo cuando no llegan a final de mes. En este sentido, el Gobierno lo tiene fácil”.