La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha enviado la causa contra la juez en excedencia y exdiputada de Podemos Victoria Rosell al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), órgano al que corresponde la investigación de la causa por supuesto cohecho, prevaricación y retardo malicioso abierta contra ella una vez disueltas las Cortes y perdida su condición de aforada ante el alto tribunal.
Lo hace, según el auto dictado este viernes por el alto tribunal, a la vista de que la propia interesada había solicitado dicha inhibición para ejercer su derecho de defensa y actuar de forma inmediata en el proceso penal abierto contra ella. Le corresponde el TSJC y no un tribunal ordinario por su condición de miembro de la Carrera Judicial.
El Supremo no ha esperado a saber si Rosell volverá a ser candidata para realizar el traslado, una decisión que sí ha adoptado en otros casos.
El auto dado a conocer este jueves explica que de las dos peticiones formuladas por Rosell -había interesado también el archivo de al causa-, la que procede es la segunda pues la competencia del Supremo venía dada en exclusiva por la condición de diputada de Rosell, situación que decayó el pasado 3 de mayo tras la disolución de las Cortes.
JUSTIFICACIÓN DEL SUPREMO
En un auto, la Sala de lo Penal recuerda que en otras causas especiales contra aforados ha optado por acordar la paralización provisional de las actuaciones, hasta constatar los presupuestos que determinaban la competencia, pero en este supuesto, y ante la reiterada petición de la interesada, consideran procede la inmediata remisión de la causa al TSJ de Canarias como órgano jurisdiccional competente dada la condición de miembro de la carrera judicial de Rosell.
La competencia del Supremo venía dada en exclusiva por la condición de diputada de Victoria Rosell. El pasado 25 de abril, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la querella planteada contra la exdiputada por el exministro José Manuel Soria por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho, y desestimar la querella en lo relativo a delitos de injurias y calumnias. Para llevar a cabo la investigación nombró instructor al magistrado de la misma Sala Juan Ramón Berdugo.
El auto explica que Rosell presentó escrito el 3 de mayo -el mismo día en que dejó de ser diputada- solicitando al Supremo su inhibición en la causa y remisión de la misma al TSJ de Canarias.
El 5 de mayo, la exdiputada presentó otro escrito pidiendo el archivo de las actuaciones. Y el 11 de mayo, formalizó un tercer escrito solicitando el archivo de actuaciones o su inmediata remisión al TSJ de Canarias, adjuntando certificación del secretario general del Congreso que hace constar que Rosell había perdido su condición de diputada el 3 de mayo.
Por providencia de 10 de mayo, la Sala había pedido al secretario de Gobierno del Supremo certificación acreditativa de si Rosell formaba parte de la Diputación Permanente del Congreso, y reclamó además certificación al secretario de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas para verificar si Rosell figuraba como candidata en la actual convocatoria electoral.
En su auto, dictado por una Sala formada por Manuel Marchena (presidente y ponente), José Ramón Soriano, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Ana María Ferrer, los magistrados explican que de las dos peticiones formuladas por Rosell -archivo o inhibición_la que procede es la segunda.
La exdiputada había argumentado para defender el archivo que el caso era idéntico al de la querella formulada por ella contra el exministro Soria por injurias y calumnias, que el Supremo archivó por la pérdida de condición de aforado del querellado, tras dejar de ser ministro.
El Supremo destaca que entre ambas causas sí existe una diferencia sustancial: en la querella de ella contra Soria, cuando éste deja de ser ministro la Sala aún no había asumido su competencia, y en la segunda, la de Soria contra ella, ya se había asumido la competencia y abierto investigación por el auto de 25 de abril, antes de que Rosell perdiese su aforamiento.
Hace unos días, en el entorno de la juez en excedencia se anunció a Europa Press que su intención era la de remitir un escrito con pruebas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para rebatir al juez que la sustituyó por unos al frente del Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, encargado de elevar un informe al Tribunal Supremo por el se le acusa de actuar irregularmente en el procedimiento contra un empresario que tenía negocios con su pareja sentimental.
Según las citadas fuentes, el informe del sustituto de Rosell en el juzgado número 8 carece de rigor al ser claramente valorativo con la intención de perjudicar a la que fuera portavoz de Justicia de Podemos en el Congreso. Con este informe esperan que la juez en excedencia no tenga ni siquiera que declarar en sede judicial.
Tras la querella presentada por el exministro José Manuel Soria, el Supremo reclamó al juez sustituto de Rosell en Las Palmas de Gran Canaria que informara sobre la investigación que instruyó la ahora diputada contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
El juez sustituto advirtió de graves irregularidades y el pasado lunes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada de Podemos por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia. Actualmente Alba ya no se encuentra en dicho juzgado, que ocupa de forma interina Carla Vallejo.
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