El referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea expone al proyecto comunitario a un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es que, de vencer la salida, la decisión sería “irreversible”, según ha reiterado insistentemente el primer ministro, David Cameron, quien ha avanzado ya que el proceso formal de retirada de los Veintiocho comenzaría de inmediato. Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del Estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar. De hecho, Londres no está obligado a proceder inminentemente, es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula que regiría sigue siendo una incógnita.
Por si fuera poco, tampoco está claro quién capitanearía la partida, puesto que aunque Cameron ha reiterado que no dimitirá si mañana pierde la batalla, su legitimidad quedaría muy dañada, no solo porque se ha jugado su credibilidad a la carta de la continuidad, sino por el desgaste sufrido tras una enconada campaña y las divisiones internas de un partido, el conservador, que coquetea con la guerra civil.
Los plazos, a priori, están marcados, si bien los dos años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo autoricen los otros 27 socios. Expertos en Derecho europeo creen que, dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta una década y los propios defensores del divorcio asumen que, como mínimo, serían necesarios cuatro años.
Mucho dependerá de la disposición de los líderes de la UE, pero si la opinión del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, es significativa, Reino Unido puede prepararse: “Los desertores no serán tratados amablemente”, y, para complicar aún más la ecuación, la Eurocámara tiene derecho a veto.
Si transcurrido el bienio establecido no hubiese acuerdo para ampliar plazos, Londres pasaría a depender de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que dificultaría su posición, ya que serían precisos pactos en paralelo con los demás 161 integrantes de la OMC y las empresas británicas quedarían expuestas a costosas tarifas de las que actualmente se hayan exentas por formar parte de la UE.
Entre tanto, las leyes de la UE continuarían en vigor, puesto que Reino Unido seguiría siendo considerado miembro, si bien un sector del bando pro-Brexit anunció su intención de ignorar de inmediato la Ley de Comunidades Europeas, un desafío que polarizaría aún más las posiciones.
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