Varios extécnicos de la Demarcación de Costas confirmaron ayer que los terrenos ganados al mar en la playa de Las Teresitas nunca fueron de titularidad pública, mientras que cuatro políticos que eran concejales cuando el Ayuntamiento capitalino compró los terrenos a los empresarios recordaron que tal adquisición respondía a un clamor popular que abogaba porque no se edificara en el frente de la misma. Así testificaron ayer unos y otros en la sesión del juicio penal que celebra la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, la última de esta semana y que en la actualidad se encuentra inmersa en la fase destinada a las testificales.
Los primeros en declarar fueron los de Costas, que aclararon varios aspectos en la conocida discusión sobre el deslinde en la zona. Por un lado el jefe de dominio público de la Demarcación de Costas durante el arranque del milenio, Juan Antonio Troya, explicó por videoconferencia que el acuerdo de 1967 por el que se trajo la arena del Sahara permitía al Ayuntamiento hacerse con la propiedad de lo ganado al mar, algo sobre lo que todos están de acuerdo y que todos explican que desde el Consistorio municipal nunca se ejecutó el procedimiento para ello. A este respecto recordó la fiscal María Farnés que una sentencia dictada en 2011 anuló tal posibilidad. Por su parte, la jefa del servicio administrativo de Costas en aquellas fechas, Josefina Martín, aportó el dato de que la Junta de Compensación nunca podría adquirir tales terrenos, mientras que Troya recordó que el deslinde vigente en 2001 (fecha del convenio entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas) era el de 1961. Más prolijo sobre este asunto (uno de los más debatidos durante décadas sobre Las Teresitas) fue el entonces responsable de gestión integral de dominio público de la Demarcación de Costas, José Ramón Martínez, mientras que el extécnico municipal Ignacio González-Palenzuela recordó que hizo un informe sobre el convenio de 2001 y que el entonces responsable de Urbanismo, el hoy encartado Manuel Parejo, le llamó para pedirle si era posible que ILT estuviera exenta de pagar la plusvalía de los terrenos vendidos. Sirva como anécdota que González-Palenzuela aprovechó la testifical de ayer para reconocer que entonces cometió un error de cálculo. También recordó a los presentes que el valor de los terrenos en el catastro era de 606 millones de pesetas cuando se llegaron a pagar con ellos más de 8.000, si bien es sabido que el catastral siempre es, al menos, la mitad del valor en el mercado. El otro testigo por videoconferencia de ayer fue el exdirector ejecutivo municipal Juan José del Toro, que también ejercía como asesor de Parejo. Se le preguntó por las pegas del Cabildo por la posible necesidad de un retranqueo a cuenta de la carretera, sobre lo que dijo que no resultó un problema al ser considerada finalmente como calle.
En cuanto a los concejales de entonces apuntar que despertó expectación la presencia de Antonio Bello, histórico concejal capitalino y uno de los fundadores de ATI hoy alejado de los focos públicos. La testifical de Bello apenas aportó el proceso ya que, a sus más de 80 años, aseguró apenas recordar nada de aquellos años. Diametralmente opuesto fue el caso de José Alberto Díaz-Estebánez, portavoz municipal de CC en 2001 que sigue hoy como concejal. Como posteriormente hizo el también exedil de CC Basilio Franco, recordó que la opinión pública era abrumadoramente contraria a la edificación del frente de playa.
Díaz-Estébanez apuntó que lo habitual es que el grupo municipal se reúna antes de un pleno para fijar posiciones y negó haber sabido del informe elaborado al respecto por la exarquitecta municipal Pía Oramas, quien valoró los terrenos muy por debajo del resto de tasaciones y de lo finalmente pagado tanto en 1998 como en 2001.
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