Si el Cabildo logra crear la zona para industrias pesadas en El Jaral, Fuencaliente, a 1.600 metros del vecino más próximo a la actual ubicación de la planta de asfalto sobre la que pesan dos precintos, pasaría por encima del planeamiento local, que se encuentra en fase de modificación y que para esa área explicita que no podría acoger actividades clasificadas.
El alcalde de Fuencaliente, Luis Torres, del mismo signo político que el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, aclara que “me preocupa el desarrollo industrial de la Isla y claro que hay que tener una o dos plantas de asfalto”, pero aclara que “el documento que vamos a enviar a la Cotmac es la creación de zona industrial pero sin autorizar actividades contaminantes ni clasificadas”. En paralelo, señala que “es fácil decir por parte de todos que no queremos planta de asfalto pero nuestras carreteras se tienen que asfaltar y es algo necesario para la isla contar con estas instalaciones”.
Aunque la posición del Ayuntamiento al respecto de la aplicación por parte del Gobierno de Canarias del controvertido artículo 47 y tras la petición formulada por el Cabildo, no es vinculante, el concejal de Sí Se Puede, Eduardo Pérez, que actúa como bisagra para permitir la gobernabilidad en minoría de PSOE y UPF, asegura que “mantenemos una oposición frontal no solo a que se cree esa zona industrial sino a que siga realizando la actividad que está instalada, sobre la que pesan dos órdenes de precinto por parte de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano”.
Asegura Pérez, en coincidencia con la oposición que ante la permanecencia de la planta de aslfato en El Jaral ha planteado el líder local de Coalición Canaria y excalcalde, Gregorio Alonso, que la instalación de aglomerado asfáltico “no ha generado beneficios para el pueblo de Fuencaliente, muy al contrario, ha generado pérdidas en términos medioambientales y sociales; ha repercutido negativamente”.
Para los vecinos de Fuencaliente, pese a las explicaciones publicadas por este medio sobre el informe del Consejo Consultivo de Canarias sobre la legalidad de la instalación, sigue siendo una incógnita por qué la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano del Gobierno de Canarias no ha ejecutado los dos precintos que esa misma entidad ha decretado como resultado de un amplio expediente.
El “miedo” a terminar en los tribunales con el pago de indemnizaciones millonarias por responsabilidad civil es la clave de esta posición, que llegó a mantener enfrentadas a la Agencia de Protección del Medio con la Consejería de Industria del Ejecutivo autonómico para dirimir cuál de ambas administraciones era la competente para actuar. Lo cierto es que, tras consultas juridicas e idas y venidas del expediente, la planta de asfalto sigue operando y no se han ejecutado las órdenes de precinto dictadas, la primera en febrero de 2014 y la segunda en marzo de este mismo año 2016.
Los sobrecostes que la administración pública palmera, especialmente el Cabildo, paga por la compra de asfalto a esta industria que tiene el monopolio en la fabricación y venta de este producto, se mantiene desde hace más de una década. Sin su funcionamiento, recuerdan oficiosamente desde la institución insular, no hubiera sido posible la inversión millonaria hasta en tres planes de carreteras, a lo que se suma la inyección de otros 9 millones de euros solo en el sur de la Isla con el asfaltado hasta Tahuya en el marco de una obra que depende del Gobierno de Canarias y que podría verse comprometida si se precinta la instalación.
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