El desvío de competencias desde la Administración autonómica hacia las corporaciones locales (insulares y municipales) está en el origen de las desavenencias entre los aliados en el Gobierno regional, que acabaron como el rosario de la aurora. El PSOE y CC alargaron el rezo y no se produjo el milagro. Una semana después de que Fernando Clavijo trazara la cruz en la frente de los consejeros socialistas, todavía se oyen lamentos por las esquinas mientras los politólogos juegan al parchís: “De oca en oca y tiro porque me toca”. Muy “pendientes” y “preocupados” están los sindicatos. “Es la crónica de una muerte anunciada”, repara el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. A Carmelo Jorge le parece que “los males surgieron desde el mismo momento en que se estableció el pacto, que nació cargado de ambigüedades, de desconfianza, que se han ido profundizando”. Él cree que, ante esa “debilidad manifiesta” del Ejecutivo, “se ha entrado en una dinámica en la que el poder insular vuelve a hacerse cargo de la dirección política de Canarias”.
Jorge tiene la sensación de que “ha avanzado el insularismo y ha retrocedido una concepción regional de la política, de los presupuestos y del manejo de los asuntos económicos” del Archipiélago. “Clavijo ha sustituido a un grupo [el PSOE] por los cabildos, como hemos comprobado con el reparto de los recursos del Fdcan”. Su homólogo de UGT no se atreve a ir tan lejos. “Sí es cierto que tememos una deriva insularista”, comenta Gustavo Santana. “Si se consuma, provocaría desigualdades y brechas graves entre ciudadanos de una isla y los de otras”. Por eso, añade, “queremos catalizar las políticas económicas, de empleo y de inclusión social a través de ese pacto sobre el que los agentes sociales y económicos ya hemos empezado a hablar con el objetivo de instar a los partidos a que se sumen a esa propuesta que hagamos las organizaciones sindicales y patronales”.
Santana se refiere al acuerdo que el Comité Regional de UGT adoptó a mediados de diciembre por el que se invitaba a CC.OO., las patronales y los partidos políticos a diseñar “un gran pacto canario por la cohesión territorial, el empleo y la inclusión social”, como reacción al cariz “insularista” que, a su juicio, está tomando el clima político que se respira en Canarias”. Este sindicato alerta de “una “ruptura territorial sobre la aplicación de una serie de políticas que deben proyectar una visión global de Canarias y donde la intervención del Gobierno ha de dejarse notar para cohesionar desde los principios de igualdad y solidaridad ante intereses partidistas que varían según cada isla”.
En su análisis, UGT aduce que la inestabilidad germina incertidumbre sobre asuntos que “requieren una línea de actuación concreta, sin criterios contradictorios”. Gustavo Santana sitúa las políticas activas de empleo y de inversión pública en el eje de esta estrategia. En su pensamiento habita el deseo de “que los sucesivos gobiernos no comentan el error de insularizar las políticas cuando repunta la actividad económica”.
Los sindicatos habían planteado que la gestión de las políticas activas se tratara en el marco de la concertación y que el dinero lo gestionara el Servicio Canario de Empleo en coordinación con los agentes económicos y sociales”. Sin embargo, se queja Santana, “el Gobierno decidió que se transfiera directamente a los cabildos”. Esa “alteración” será “el primer elemento” que abordarán con la nueva Consejería de Empleo. “Es un disparate con dudas jurídicas”.
Durante una rueda de prensa convocada por ambos dirigentes, con motivo de la campaña de movilización del 15D en demanda “un reparto más equilibrado de la riqueza y de la atención a los desempleados y víctimas de la recesión”, Carmelo Jorge denunció que el jefe del Ejecutivo “engañó” a los sindicatos en la negociación del Fdcan. “Arrieros somos y nos veremos en el camino”, avisó. “Clavijo garantizó que los cabildos no participaban en el proceso y posteriormente salió con lo de la triple paridad. Al oponernos los empresarios, los sindicatos, las universidades y los ayuntamientos, se dijo que se había modificado. Pero al final cedió a la presión de los cabildos”.
A propósito del panorama que se ha esbozado, Carmelo Jorge observa que “cualquier escenario es posible”. No obstante, pronostica que hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado “nadie va a mover nada y después ya se verá”. En febrero será el congreso nacional del PP y el PSOE celebrará el suyo probablemente en junio. “Entonces se posicionarán. El Partido Popular optará entre algunas variantes: apoyar al Gobierno explícitamente, mediante su incorporación con consejeros, o implícitamente, desde fuera, y permitir un Ejecutivo en minoría de Coalición; o establecer una mayoría alternativa a Clavijo. Ningún supuesto es descartable a mi entender”.
A Carmelo Jorge le consta que “en todos los partidos hay gente que mira con cierta simpatía la posibilidad de apartar a Coalición Canaria del Gobierno, porque lleva demasiados años aprovechándose de la ventaja de que el PSOE y el PP no son capaces de entenderse para formar una alternativa a ellos, de manera que desaparezca para siempre ese cálculo oportunista”. Esta tampoco la considera una teoría descabellada.
En tanto llega alguna de esas esas oportunidades, proyectos del calibre de la la Ley del Suelo llaman a la puerta del consenso. El concurso del PP y ASG se antoja determinante, sin obviar al PSOE. Los socialistas lograron corregir con típex reversible aspectos del texto redactado por un equipo tutelado por Clavijo y que luego fue entregado a los grupos parlamentarios para su estudio. Jorge augura que la iniciativa tal cual, terminará en los tribunales.
Santana (UGT): “Esperemos que no se frene la concertación social”
A la vuelta del verano, el Gobierno de Canarias, las centrales sindicales más representativas y las dos principales confederaciones empresariales retomaron la sexta concertación social, que estaba estancada desde 2014. “Vamos a esperar a que se renueve la Consejería de Empleo [dirigida hasta ahora por Patricia Hernández] para continuar con el calendario de reuniones en las diferentes meses de diálogo”, declara Gustavo Santana. “Confiemos en que esto no sea un freno, porque está al amparo de la Ley de Participación Institucional”. El secretario general de UGT en Canarias constata que se había avanzado poco. “En prevención de riesgos laborales sí hay un documento cerrado de aquí a 2021”, precisa. “Donde no existen muchas diferencias entre la patronal y los sindicatos es en las políticas activas de empleo, donde coincidimos en la necesidad de rediseñarlas”.
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