Salir en defensa del Parlamento ahora mismo es un imperativo, un deber inexcusable de todos los canarios. Este medio lo entiende así. El esperpento al que hemos llegado en los últimos días en Canarias, dentro de la espiral de una demencial crisis política cuyos responsables tienen nombres y apellidos, aconseja, exige a todo medio de comunicación que no haya perdido la vergüenza pronunciarse pública y radicalmente en contra de la deriva que toma la democracia en nuestras islas, si no se remedia a tiempo. Ya venían asomando atisbos de intolerancia hacia la Autonomía. A tal punto ha llegado el conflicto institucional que alentaban cabildos, Gobierno y algunos partidos, tras una dinámica descontrolada de segmentación de las competencias autonómicas en los distintos reinos de taifas (en carreteras y en las políticas de empleo del fondo de desarrollo regional Fdcan, entre otros incidentes), que, por último, arribó, ayer, al seno de la propia Cámara el desafío a los acuerdos de la máxima institución de la Comunidad Autónoma: el Parlamento.
La mediocridad y la osadía se dan la mano, y representantes que están para hacer cumplir la ley y dar ejemplo a los ciudadanos se dejan arrastrar por la corriente malcriada instalada en la vida pública, y cargan contra los acuerdos de los diputados, que ocupan el piso alto de la democracia. “Pido respeto al Parlamento”, proclama hoy en DIARIO DE AVISOS la presidenta de la institución, Carolina Darias, e invoca “mesura y sentido institucional”. Todo un aldabonazo a la conciencia de todos los canarios, de todos los partidos y de todas las instituciones de nuestra comunidad. Aclaremos: es el Parlamento, no la chusma. Y quien entra en sus salones y toma la palabra deberá llevar aprendida la lección: “Deja aquí todas tus bajas pasiones y solo entra acompañado de tus buenas razones”, reza el frontispicio del Parlamento austríaco.
Nunca resultó más desleída y ninguneada la condición institucional del diputado regional en estas islas. Nunca su papel fue más cuestionado, debatido y, lo peor, rebatido en instancias de inferior rango institucional. Nunca en la política canaria se alcanzó mayor grado de incultura democrática, de ignorancia.
La ceguera de políticos a la contra, capaces de desbordar el vaso de la separación de poderes que consagra el sistema de libertades que nos rige, ya alcanzó el cenit del dislate la semana pasada en boca del vicesecretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, cuando calificó de “golpe de Estado del Parlamento” al acuerdo del Gobierno sobre el Fdcan, tras resultar derrotado el viernes en la ponencia parlamentaria de los presupuestos autonómicos para 2017 el reparto de 160 millones procedentes del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. La grave estridencia de esas palabras, que rebotaron como un insulto insólito en un demócrata, obligó a su autor a pedir disculpas al día siguiente. Pero la semilla germinó rápidamente.
Ahí quedan para los anales del bochorno de estos días las escenas obscenas del alegato coral de cinco presidentes de Cabildos (en su comisión parlamentaria), que en el día de ayer desoían las demandas de la presidenta de atenerse al orden del día, sin éxito. Ofuscados por la diatriba sistemática contra quienes lleven la contraria a los dictados de la Presidencia del Gobierno, los líderes insulares (cuatro de CC y uno de ASG) naufragaban entre su protesta ante el revés sufrido por el dinero del Fdcan que esperaban sus arcas y el deber de someterse democráticamente a los designios del Parlamento. El episodio invita a una reflexión drástica: de este suceso se desprende que anidan en la actual clase política en las islas rescoldos de un rencor insularista y tribal que disputa la autoridad a la casa de leyes. Es un viejo antagonismo no resuelto, un pulso que se puso de manifiesto en la víspera de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados.
El propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, pecó del mismo mal, secundando la hipótesis peligrosa de un conflicto de competencias inexistente. Parapetado en sus decisiones, advirtió de que mantiene el Fdcan por él timoneado, pese al varapalo de la ponencia parlamentaria, y, más aun, esbozó una admirable perversión del sentido último de un Parlamento cuando colisiona en su parecer con un Gobierno como el el suyo: “No podemos transmitir a los ciudadanos que los acuerdos del Consejo de Gobierno son modificables por cuestiones partidistas.” La maldad de un medio escrito como este no radica en su línea editorial, sino en que estulticias como esa queden plasmadas para siempre en el papel. Las “cuestiones partidistas” de un Parlamento. Clavijo superó la hipérbole desquiciada de Linares. A los grupos parlamentarios toca pronunciarse en defensa de la institución. Atajar la hemorragia. Aquí algunos han metido la pata hasta el corvejón. Y el episodio vivido -sufrido- ayer en la Comisión de Cabildos de la Cámara, eleva la rabieta a la categoría de insubordinación al Parlamento.
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