El juicio del ‘caso Guateque’ sobre una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid de la época de Alberto Ruiz-Gallardón se ha suspendido hasta mañana al no presentarse uno de los 30 acusados al estar realizándose unas pruebas médicas y no haberse presentado tampoco su abogada, han informado fuentes jurídicas.
Estaba previsto que la vista oral arrancara esta mañana después de diez años de destaparse la supuesta corruptela, centrada en la entonces Concejalía de Medio Ambiente del Consistorio capitalino. La sesión se reanudará mañana.
Uno de los 30 procesados no se ha presentado a la citación ni tampoco su abogada, informando el acusado que se encontraba en el hospital practicándose unas pruebas médicas por una enfermedad grave.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid pedirá un informe médico para comprobar si se podría juzgar al afectado en una pieza separada.
Además, la Sección Segunda estudiará las medidas a tomar contra su abogada, dado la obligación que tenía de asistir a esta jornada. Al menos, según las mismas fuentes, el tribunal estudiará medidas sancionadoras contra la letrada por no informar a la Sala de ambas ausencias.
EL CASO
El Ministerio Público solicita una pena conjunta de 250 años de prisión para los procesados por formar, supuestamente, una trama de corrupción dedicada a acelerar la tramitación de licencias administrativas en el seno del Ayuntamiento de Madrid.
A los acusados se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Está previsto que la vista oral del este juicio se desarrolle hasta el próximo mes de mayo. Para su celebración se han señalado 60 sesiones que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de cada semana.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 30 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.
En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.
Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas