Un total de 1.335 personas en La Palma, según los datos oficiales del Servicio Canario de Salud, son pacientes con enfermedad mental en la Isla. Frente a ese dato demoledor, en el que figuran 514 personas con nombres y apellidos que padecen esquizofrenia y trastornos de personalidad, la Isla solo cuenta con 93 plazas de rehabilitación psicosocial, la única herramienta eficaz para, en combinación con la atención farmacológica, construir un horizonte de esperanza para estos hombres y mujeres y sus familias, que sufren un enorme desgaste emocional por lo que ellos mismos definen como “la impotencia de no ser escuchados y de la falta de recursos para nuestros seres queridos enfermos”.
El caso de Blanca, la mujer de 43 años edad con esquizofrenia y cuyo deterioro progresivo la ha llevado a vivir junto a ratas en un pajero de un popular barrio de Los Llanos, y para la que gracias a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, Fiscalía ha decretado su ingreso hospitalario mientras se inicia el proceso de incapacitación legal, es el triste caso de la falta de coordinación, la escasez de recursos y la indifenrecia del sistema sanitario y social de La Palma frente a la enfermedad mental.
Psiquiatras con una larga trayectoria y el presidente de la Federación Canaria de Salud Mental de Canarias, Andrés Mendoza, subrayan que Blanca, cuyo caso conocen los Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane desde hace muchos años, y con varios ingresos en la Unidad de Salud Mental, podría llevar a día de hoy una vida normalizada de haber contado con una rehabilitación psicosocial que no tuvo lugar.
“Un enfermo con diábetes o con una cardiopatía teiene, en el Servicio Canario de Salud, una atención integral, un recurso sanmitario garantizado para su recuperación. En el caso de las 1.3335 personas con enfermedad mental en La Palma no tienen garantías, más allá de los recursos de las familias y de la capacidad de gestión de un asunto tan delicado, de contar con mecanismos para lograr unos mínimos de calidad de vida”. La situación es lamentable: La Palma presenta una brecha de 6 millones de euros con respecto a la atención para enfermos mentales en la sanidad pública en materia psicoterapeutica y en comparación con lo que sí se destina a pagar facturas de medicamentos antipsicóticos y antidepresivos.
El gasto sanitario solo en estos dos medicamentos supone una inversión anual para el Gobierno de Canarias de 47 millones de euros, frente a esa cantidad, solo se destinan 11,5 millones de euros en recursos como residencias, rehabilitación y apoyo psicoterapeutico. Más allá de esa realidad, que desde la Federación de Salud Mental de Canarias piden que se cambie en virtud del incremento en 75 mllones de euros de la partida para la Consejería de Sanidad, figura el incumplimiento del compromiso que el Gobierno de Canarias, en enero de 2016 y siendo consejera del área la ahora cesada Patricia Hernández, adoptó con las más de 3.500 personas con enfermedad mental representadas por la Federación y que se concretó en la redacción y apración de un Plan Integral de para la Salud Mental en Canarias.
No hay suficientes recursos en materia sanitaria y ese cambio deberá producirse si se quiere corregir la situación de vulnerabilidad de este amplio colectivo en La Palma. Desde la institución insular, la acción más reciente en esta materia tiene que ver con la colaboración establecida con los ayuntamientos de Breña Alta, Breña Baja y Los Llanos de Aridane.
El objetivo sería desarrollar programas de cooperación formativa para los usuarios de los centros de rehabilitación psicosocial Villaflora y Los Pedregales, con la intención de complementar la orientación recibida en esos centros con la formación práctica que cada ayuntamiento determine a través de un programa concreto para el beneficiario.
Pese a la escasez de plazas, desde el Cabildo se ha hecho un esfuerzo con el aumento de plazas en ambos centros de rehabilitación psicosocial, de forma que ahora suman un total de 70 plazas. Además, se han aumentado las plazas residenciales para personas con problemas de salud mental hasta conformar 20 y se han aumentado 13 plazas tuteladas, pasando de 7 a 20.
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