El diputado de Podemos Juan Márquez no salía ayer de su asombro. Había pactado con PSOE, NC y ASG un acuerdo parlamentario para encargar una auditoría a los conciertos de la sanidad privada con la pública en el último cuatrienio, mediante un encargo a una empresa externa, supervisada por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Cuál sería su sorpresa cuando, a pesar de aceptar las enmiendas de los tres grupos citados, en el momento de fijar cada grupo el voto, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) cambiaba de criterio, retiraba su enmienda y anunciaba que votaría en contra de la propuesta.
La propuesta tuvo 32 votos en contra (CC-PNC, PP y ASG) , y 26 a favor. Podemos pretendía que se hiciera una auditoría de los servicios concertados entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y hospitales privados para “determinar si se han adquirido las prestaciones concertadas en la cantidad, calidad y coste más adecuado, si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones concertadas y si la gestión directa podría obtener mejores resultados”.
Según relató Márquez, en abril de 2014 el Parlamento aprobó fiscalizar los contratos con la sanidad privada, y dos años más tarde, la Audiencia de Cuentas respondió que no podía asumir tal encargo por falta de medios, y solo examinó 2014, “dado el volumen importante” de esta concertación. En 2016 el Parlamento acotó el periodo para examinar de 2012 a 2015, aunque, según denunció el diputado de Podemos, del encargo se omitió un objetivo clave del acuerdo original: analizar si el coste de las prestaciones cobradas por la sanidad privada a la pública era el adecuado y si la alternativa a la gestión directa podría ofrecer mejores resultados.
Canarias es la tercera región española con mayor volumen de contratación de la pública con la privada, en torno a 200 millones de euros anuales, según refirió el diputado de Podemos, quien dejó patente que algunos conciertos datan de la época de la dictadura o de los inicios de la democracia, pese a que la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias establece que el SCS solo podrá establecer convenios con la sanidad “con carácter excepcional y por un tiempo limitado”.
Desde el PP, Zacarías Gómez dijo entrever que la intención de Podemos no es la de controlar la concertación, para lo que considera hay “muchas fórmulas”, sino “tratar de demonizar la sanidad privada”. Por ello, animó a Podemos a que si “tienen fundadas sospechas,”, del mal funcionamiento de las concertaciones que vayan a denunciarlo a la Fiscalía. Una opción que, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Márquez no descartó si no se garantiza una fiscalización. Guadalupe González Taño (CC) sostuvo que el sector sanitario privado es “potente” como consecuencia del “sector turístico” y que “en ese contexto es más lógico concertar”.
ASG, preguntada por este periódico, no aclaró a qué se debió su cambio de postura ayer.
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