El Tribunal Constitucional ha admitido a tramite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Islas Verdes, o lo que es lo mismo, la normativa al amparo de la cual, el territorio palmero y el Cabildo esperan recibir las inversiones privadas que no han podido llegar en las últimas dos décadas por falta de seguridad jurídica y con las que esperan ampliar la planta alojativa insular con el consiguiente crecimiento del sector servicios y el auge de la economía.
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por más de 50 diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem y En Marea, contra los artículos que, argumentan en el recurso, vendría a eludir el mandato de la Ley del Territorio de Canarias y a vulnerar la protección de determinados suelos y sin suficientes garantías, saltándose incluso el principio constitucional de autonomía municipal. Dicho de otra forma, serían el Cabildo y el Gobierno de Canarias, los que, por encima de la voluntad de los ayuntamientos, tendrían “supremacía” para “prescindir de la calificación del suelo”.
Anselmo Pestana califica estos y otros argumentos como “barbaridades” y defiende la Ley, de la que dice “no habilita por si sola la construcción de cualquier instalación en la Isla, sino que cada una de estas actuaciones estaría sujeta a un preoceos y a su correspondiente evaluación ambiental”.
Si bien el recurso admitido a trámite por la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Islas Verdes, expone con claridad que esta normativa viene a legitimar directamente actuaciones en las islas menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de instrumentos de planificación que tiene por único objeto “ordenar y diseñar para su inmediata ejecución o bien ejecutar equipamientos en cualquier categoría de suelo”.
No lo ve así el promotor de la iniciativa, que defendió en el Parlamento la Ley hace apenas 14 meses, lo que permitió que fuera aprobada con el apoyo mayoritario de los parlamentarios regionales. Anselmo Pestana, presidente del Cabildo palmero recuerda que “en el debate del pleno del Parlamento quedó clara la constituionalidad de la Ley, que es inatacable”. A Pestana no le ha pillado por sorpresa que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso, y entiende que esa decisión “no juzga nada”.
Lo cierto es que este es un paso previo al estudio del argumentario que puede poner contra las cuerdas a la Ley que, entre otras cosas, está siendo carta de presentación por parte de la Consejería de Turismo del Cabildo palmero y del propio presidente en las ferias turísticas de mayor proyección, para invitar a los inversores a apostar por La Palma.
No es la primera vez que los tribunales han “abatido” documentos de planificación tan importantes. El más reciente, el Plan Territorial Especial de Uso Turísticos de La Palma, decisión que fue contestada por el Cabildo palmero, para evitar la parálisis económica que la Isla ha sufrido, con la modificación del PIOLP y la presentación de esta Ley de Islas Verdes que ahora está en cuestión.
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