“Cómo me van a inhabilitar por corrupción cuando yo denuncié la golfería en Arona”, afirma Juan José Alayón, conocido como Cheché, tras confirmar que el domingo sus abogados presentaron el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por su condena a 17 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación urbanística y prevaricación continuada, en el denominado caso Arona 1.
Cheché Alayón no solo recurre al TS la sentencia que considera “injusta”, sino que también pide la suspensión del plazo del recurso e incluso la nulidad de la notificación, porque “me entregaron la sentencia en un CD en Word con todos los documentos sin foliar”, comentó el que fuera concejal de Parques y Jardines durante el mandato 2003-2007, que se juzgó en la Audiencia Provincial en un juicio que duró cuatro meses y cuya sentencia se conoció nueve meses después, el 26 de enero.
Alayón quiso dejar claro que habla “en nombre propio”, sin entrar a valorar qué hará el resto de los miembros de la Junta de Gobierno, a quienes les han puesto la misma pena, 17 años de inhabilitación, aunque adelantó que “Berto (González Reverón) y Barroso no van a recurrir”. El resto, que también tiene a la letrada madrileña Olga López como abogada, es seguro que lo hará, como también Félix Sierra Melo, el único político que ha sido condenado a cárcel (cuatro años), en esta caso sentenciado por cohecho, más el pago de 500.000 euros y los mismos años de inhabilitación (17) para cargo o empleo público. A Félix Sierra le defiende un abogado del mismo bufete, pero no Olga López en este caso, que también dejó de ser la defensora del exalcalde González Reverón, tras el discurso final de este en la última sesión del juicio, que disgustó a la letrada, al manifestar poco menos que “su delito había sido solo administrativo”, algo que siguió manteniendo el pasado jueves, cuando conoció la sentencia.
González declaró que estaba satisfecho: “Nadie me puede acusar de corrupción, cuando solo me han inhabilitado por un proceso administrativo”. Autoconvenciéndose nuevamente de que todo lo que hizo estaba bien hecho, “aunque no fuera legal”, sin reconocer que la prevaricación urbanística conlleva después del 2003 penas de prisión. Los otros condenados por cohecho, con penas que les envía a prisión, como los técnicos municipales Roberto de Luis (cinco años) y Eliseo de la Rosa (otros cinco), también recurrirán al Supremo, como es posible que también hagan los arquitectos Antonio Luis González Tolosa y Zenón Rodríguez Neri, o el empresario Arsenio Zamora, a quienes se les impuso una condena de dos años de cárcel, que sin antecedentes penales no conlleva la entrada en prisión.
Cheché Alayón insiste en que “si hubo alguien en aquellos años en el Ayuntamiento que luchó contra la corrupción ese fui yo. Pero aquí en esta sentencia se ha mezclado todo y nos han penado por igual”, recordando que “delante de mí nadie actuó de manera ilegal, pero detrás de mí no sé lo que habrá pasado”, en alusión a que “no siempre estaba en la comisiones, ni me dediqué a dar licencias a apartamentos u hoteles, solo a viviendas unifamiliares, para trabajadores en unidades de actuación, aunque estuvieran al 50 u 80%”, dijo.
En concreto, Alayón recuerda que “siempre que dimos licencia se pedía un aval y estas fueron concedidas con informes técnicos favorables y el del secretario José Ángel, que nunca nos advirtió de ilegalidad alguna”, añadiendo que “La Camella era un barrio clandestino, porque se construyó en rústico hasta que llegó el PGO”.
“Los técnicos iban por libre, y eso era conocido en toda Arona”
El largo proceso judicial del caso Arona (enero de 2007 a enero 2017) aumentó el distanciamiento entre políticos y técnicos que compartieron tareas en el Ayuntamiento en la década de los 90 y los albores del siglo XXI. “Los técnicos iban por libre, y eso era conocido en toda Arona”, recuerda Alayón, señalando “la golfería” en la oficina técnica.
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