La Cueva de Bencomo tiene dueños y está en venta

La finca de 64.804 metros cuadrados en la que se encuentra el BIC fue adquirida hace casi un siglo por Juan Bautista Hernández y actualmente es propiedad de los 22 herederos de la familia
Imagen exterior de la Cueva de Bencomo | Fran Pallero

Una declaración BIC, un proyecto, dos ayuntamientos, y unos propietarios con los que hasta ahora ninguna administración ha contado pese a que conocía su existencia. Todo lo que gira en torno a la Cueva de Bencomo, un tesoro arqueológico cuya ubicación exacta todavía no está clara, se ha dejado durante más de 30 años en el más absoluto de los olvidos hasta que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias decidió, en este mandato, elaborar un proyecto para convertir el lugar en el primer museo de sitio de Tenerife.

Una semana antes de ser presentado el documento, elaborado por el historiador e investigador de la Universidad de La Laguna (ULL), Ramón Cebrián, se descubrió que la morada del rey guanche está ubicada en La Orotava y no en el municipio de Santa Úrsula, tal y como se determina en el BIC y en documentos oficiales, como las normas subsidiarias y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) de 2003.

Todo ello se planificó sin tener en cuenta que el terreno en el que se ubican las cuevas -dos oquedades naturales basálticas unidas por un pasadizo- tiene dueños y son los herederos de Juan Bautista Hernández, quien lo adquirió en 1929, según consta en la escritura de aceptación de herencia a la que tuvo acceso este periódico, y en 1941 se la traspasó a sus hijos.

Estaba dividido en tres fincas situadas en la zona denominada Tamaide, en Santa Úrsula, la primera era rústica y estaba valorada en 3.090 pesetas; la segunda contaba con lagar, casa, una era y dos fuentes de agua; y la tercera, de carácter rústico, también tenía una vivienda para el medianero y lindaba con una serventía que conducía a la fuente de Tamaide. Su valor era de 5.590 pesetas.

Al cedérselas a sus nueve hijos, Susana, Leoncio, Filadelfa, Juana, María Inés, Rosalía, Lucio, Juan y Candelaria, se agrupó en una sola finca de 64.804 metros cuadrados con terreno con vivienda, una era, un lagar, y dos fuentes “en el término municipal de Santa Úrsula donde llaman Tamaide”, tal y como consta en la escritura.

Esta segunda generación se encargó de mantener el lugar durante varios decenios y de ahuyentar a los cabreros que lo utilizaron durante décadas como aprisco de ganado.

Del sitio original solo queda la ladera, ya que la antigua vivienda de la familia fue vendida a particulares, igual que el resto del terreno, y la fuente que sobrevive está seca. Sin embargo, el recuerdo de los buenos momentos vividos en la cueva, a la que iban de excursión después de cada reunión familiar, permanecen en la tercera generación, formada por los 22 actuales herederos.

El representante de todos ellos, Norberto Hernández Lorenzo, constata a este periódico que el terreno es propiedad de la familia. No sabe realmente si sus antepasados sabían de las cuevas y de su significado en la historia de Canarias, pero cree que sí, porque en las escrituras aparece una citación al barranco y a las dos fuentes de agua, que en aquellos años eran muy importantes. También había un lagar para fabricar mosto y seguramente, dice, pensaron que podían regar los viñedos con el agua proveniente de las fuentes.

El representante de la familia Hernández muestra la escritura de la finca que adquirió su bisabuelo. Fran Pallero

Recuerda que su padre y sus tíos pasaban por allí a controlar a los cabreros, ya que la finca se fue vendiendo por partes, y al ser la familia responsable de adecuar y asfaltar la zona, los compradores se quejaban del paso de las cabras por sus terrenos.

Norberto evoca los intentos de su padre y sus tíos por explicarles a los cuidadores del ganado que no se instalaran allí con los animales porque dañaban el entorno, una tarea que continuaron sin éxito él y sus primos durante años y cuyas consecuencias aún pueden verse, dado que la cantidad de excrementos resecos forma una especie de alfombra.

Cuenta que la última vez que acudió al lugar la midió y la profundidad que tenía eran de 80 centímetros en un lado mientras que en el otro alcanzaba el metro. Tal es así, que para poder pasar de uno al otro fue necesario poner unos plásticos.

Intento de acuerdo

En 1981 la familia y el Ayuntamiento de Santa Úrsula intentaron llegar a un acuerdo que finalmente no fructificó. Según data un documento del 19 de mayo de ese año, tanto su padre como el resto de hermanos consideraron “idóneo” donarle al Ayuntamiento 6.500 metros cuadrados de la finca en los cuales, según la leyenda, está ubicada la cueva del mencey, a cambio de urbanizar una parte de la finca. Como el Ayuntamiento nunca cumplió el trato, los herederos tampoco llegaron a firmar ante notario el oportuno documento, como se había contemplado inicialmente por ambas partes “para que la cueva pueda ser rescatada y embellecida por el municipio, que como es notorio es parte de nuestra historia canaria”, reza el escrito.

Cinco años después, el 14 de marzo de 1986, fue declarada BIC con categoría de Monumento Histórico-Artístico por parte del Gobierno de Canarias, pero a la familia nunca se le comunicó. Al principio, sus integrantes recibieron la noticia con satisfacción al considerar que se trata de un lugar emblemático que hay que proteger pero confiesan que les hubiese gustado, al menos, que contactaran con la familia para ver si era posible realizar allí un proyecto.

De hecho, Norberto Hernández asegura que el marido de una de sus primas presentó uno a título particular junto con el arqueólogo y entonces director del Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Rafael González Antón para acondicionar la zona y hacer un museo “que nunca fue tenido en cuenta”, declara.

Durante todos estos años la familia presentó varios escritos, también al Cabildo de Tenerife. El que data del 3 de junio de 1996, con las 16 firmas de los entonces propietarios, le “autorizaban a que en el ejercicio de sus competencias procediera a efectuar los trabajos de mejora de la cueva y de su entorno y a tomar las medidas oportunas en relación al rebaño de cabras que suele ocupar la zona”. Nunca le contestaron ni tampoco se encargaron de mantener la zona en condiciones.

En 2001, tal y como publicó este periódico, un estudio de los técnicos del Ayuntamiento orotavense determinó que la residencia del mencey se encontraba en la Villa y eso provocó que Isaac Valencia, alcalde en ese momento, presentara un proyecto a la Corporación insular para recuperar el monumento arqueológico que, como otros, quedó olvidado en el cajón de algún despacho.

En el año 2003, el mandatario nacionalista, “que estaba convencido de que las cuevas pertenecían a La Orotava”, según le comentó a Hernández, visitó con este último la zona y el arquitecto Diego Juan Álvarez de la Peña, el responsable de limitar la Villa tanto por la zona de Los Realejos como por la de Santa Úrsula. La experiencia se repitió también con Rafael González Antón. Ambos fueron testigos del estado en el que se encontraba la residencia del rey guanche y todo su entorno.

Advertencia

En diversas ocasiones, con escritos a los dos ayuntamientos, la familia pidió que se tuviera en cuenta que se trataba de un BIC. Todo lo que se hizo por parte de la Administración fue colocar un cartel en el que se anunciaba la zona arqueológica, se aludía a que históricamente fue el hábitat del Mencey Bencomo, y exponían algunas características. También se advertía que “las leyes españolas castigan los daños intencionados al Patrimonio Histórico, con penas de entre 6 meses y 6 años de prisión”, pero solo duró dos semanas ya que lo arrojaron por la ladera, como demuestran las fotos que tiene la familia. Nunca se supo si encontraron a los vándalos y si éstos cumplieron la penalización establecida.

Cada vez que había que hacer algo en la zona los dos ayuntamientos decían que no les incumbían, “pero ahora que el proyecto les es interesante parece que sí les compete a los dos”, sostiene el portavoz de la familia Hernández. La última licencia para construir en la finca se la otorgó el Ayuntamiento de La Orotava, pero los impuestos correspondientes los abonan en el de Santa Úrsula, lo que conduce a una mayor confusión acerca de su pertenencia a una u otra localidad.

En el anterior mandato, la alcaldesa de este último municipio Milagros Pérez llamó a los herederos por un problema de desprendimientos en la zona que fue solucionado. Y aunque nada tenía que ver con el BIC, demuestra que el Consistorio se tenía constancia de la titularidad privada del espacio.

Este fue el último contacto que tuvo la familia con una administración pública hasta el mes anterior, que los llamó el actual alcalde, Juan Acosta, para trasladarles que el Ayuntamiento estaba interesado en la parte del barranco en donde están las cuevas y pedirles que propusieran un precio para estudiar su posible adquisición. Sus integrantes consideran que “no son técnicos ni tienen dinero para pagar una tasación de estas características, mientras que el Consistorio sí cuenta con los profesionales adecuados” para realizar este tipo de valoraciones.

A juicio de los propietarios, lo realmente bonito del barranco es la zona por la cual se llega al mirador. Además, para hacer un proyecto en condiciones sería conveniente adquirir toda la finca porque el mirador de Humboldt, donde se propone instalar el centro de interpretación, no dispone de un aparcamiento idóneo y en la carretera no hay espacio suficiente para que estacionen las guaguas, un requisito fundamental para atraer turistas y visitantes.

Oferta por la totalidad

Por eso la familia propuso ese día al alcalde que se hiciera una oferta por toda la finca, dado que es “perfecta” para albergar también el centro de interpretación, con posibilidades para construir allí un parking y acceder directamente a las cuevas. Por el contrario, el proyecto de Ramón Cebrián es evitar una intervención arquitectónica de complejo desarrollo en un paraje natural protegido como es la ladera de Tamaide.

El alcalde les manifestó que el Ayuntamiento iba a tasar las cuevas por un lado y la finca por otro, para ver si existía la posibilidad de venderlo todo.

Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de La Orotava nunca reclamó las cuevas ni se ocupó de mantenerlas en condiciones, pese a que sí están recogidas en su Plan General de 2003, revisado por la Cotmac. Sin embargo, poco después de lo publicado en este periódico, un responsable contactó con la familia para ver si era conocedor del proyecto y Norberto Hernández les comentó acerca de la reunión mantenida en Santa Úrsula.

Todo lo que cuenta el portavoz de los Hernández demuestra que los dos ayuntamientos y el Cabildo tenían y tienen constancia de que la propiedad es privada. Quizás por ello y pese a tratarse de un BIC, lejos de proteger un legado aborigen lo dejaron abandonado. Tampoco tuvieron en cuenta a la familia para trasladarle al Gobierno de Canarias que el terreno era privado, un dato a tener en cuenta a la hora de elaborar el proyecto, corregir los planes municipales y el PIOT.

Los 22 herederos permanecen a la espera de que se les comunique algo. Y aunque dependerá del acuerdo al que finalmente puedan llegar, no ponen objeciones para vender. Todo lo contrario, quieren que se le dé al lugar la importancia que tiene y el cuidado que se merece, tal y como se lo otorgaron sus antepasados, aunque quizás algunos de ellos ni siquiera supieron que fue la residencia de un personaje incontrovertible para la historia canaria.

La anécdota

Norberto Hernández recuerda que su padre siempre le contaba que desde las dos cuevas que están arriba goteaba agua hacia la de abajo. Como consecuencia de ello, se formó una especie de charco en el que, decía, se miraba la princesa Dácil, hija de Bencomo, porque era similar a un espejo. Un cabrero aprovechó la forma y delimitó con ladrillos un bebedero para que bebieran las cabras.

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