La nueva Ley de Islas Verdes nació con la vocación de agilizar las actuaciones turísticas en La Palma. La intención era que si el alojamiento turístico en suelo rústico, que puede tener hasta un máximo de 200 camas, estuviera contemplado en el Plan Insular, sería suficiente para su aprobación. Pero uno de los artículos que no se modificó de ese texto legislativo señala que este proyecto tiene que estar recogido en el Plan Insular y en el Plan General del municipio, que debe estar a su vez adaptado al Plan Territorial de Uso Turístico.
El problema, tal y como explicó el portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Carlos Cabrera, está en el hecho de que son muy pocos los municipios de La Palma los que están adaptados. De ahí que esa conjunción copulativa, la “y”, puede estar haciendo de tapón para la ejecución de proyectos turísticos. En su lugar debería haberse establecido la conjunción disyuntiva “o”, lo que permitiría que solo con su inclusión en el planeamiento insular sería suficiente.
Lo cierto es que desde que se aprobó la Ley no se han dado licencias en La Palma, frente a las islas de La Gomera y El Hierro, “donde al parecer sí se están otorgando, tal vez porque los planeamientos municipales estén adaptados”, comentó Cabrera.
El consejero aseguró que existe voluntad de la mayoría de los partidos en modificar esta situación y avanzar en la agilización de los trámites necesarios para la aprobación de las actuaciones turísticas en suelo rústico, donde La Palma presenta oportunidades de crecer en los próximos años. Cabrera indicó que su partido incluso planteó que la modificación fuera por la Ley de Presupuestos.
El exconsejero insular de Turismo, Raúl Camacho, ahora en labores de oposición, sostiene que es fundamental crecer en capacidad alojativa para consolidar el crecimiento de turistas que está experimentando La Palma. De no ser así, vaticina que en 2018 – 2019, cuando se reabran mercados que ahora no compiten, podría empezar a retroceder.
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