El dilatado proceso para ofertar a las industrias pesadas en La Palma una superficie apta y con garantías jurídicas, lejos de la retirada de licencias y posibles denuncias vecinales, que acumula ya más de una década, sigue adelante, ahora con la apertura de un período de dos meses de participación ciudadana impulsado por la administración competente, el Cabildo. La institución insular, que tiene plena capacidad de decisión en este asunto sin que ninguna otra opinión resulte vinculante, quiere conocer la posición de la población e invitar a la participación en consultas a los 14 ayuntamientos de la Isla.
Una selección minuciosa entre 28 zonas industriales recogidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, en una causa con el análisis de varios parámetros encabezados por la proximidad de estas hipotéticas zonas aptas para industrias de actividades clasificadas a zonas pobladas, ha concluido con solo dos espacios aptos: Las Crespas en Barlovento y el sector de El Jaral, donde actualmente se encuentra la planta de asfalto de Lousan.
Las otras 26 opciones han quedado descartadas. Así se refleja en el borrador que el Cabildo somete ahora a participación ciudadana, un período de tiempo de dos meses en el que técnicos y grupo de Gobierno invitarán a los 14 ayuntamientos a estudiar el documento para que argumenten pros y contras de la propuesta.
La apertura de este proceso, para algunos expertos consultados, así como entre miembros de la patronal y destacados arquitectos, constituye la dilatación innecesaria de una decisión que está solo en el terreno competencial del Cabildo, que lleva diez años intentando determinar en qué lugar del territorio palmero establecer una zona apta para industrias pesadas.
Esta situación de indefinición, aseguran, solo pospone la resolución de un conflicto que ha llevado, como ejemplo más evidente, a un pleito judicial en Los Llanos de Aridane que se saldó con la obligación de la dministración local, pendiente aún de ejecutar, de compensar con una millonaria indemnización a la empresa Ruiz Romero. La empresa recibió licencia municipal y visto bueno del Cabildo y con posterioridad de la Cotmac para instalar una empresa de aglomerado asfáltico, decisión que fue recurrida en los tribunales por una plataforma ciudadana que logró el visto bueno de los tribunales, que ordenó la retirada de la licencia, el desmantelamiento de la planta y la restauración de la zona.
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