El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, acusó al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un “golpe de Estado” por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que arrebata a la sede legislativa sus poderes y ha urgido a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a responder. El TSJ asumió las competencias de la Asamblea Nacional por considerar que sigue en “desacato”, y lo hizo a través de un fallo en el que autoriza a Maduro a constituir empresas mixtas sin control parlamentario. Con posterioridad a que Julio Borges recibiera la notificación del Supremo, que procedió a romper delante de numerosos defensores de la democracia que se concentraron en el exterior de la Asamblea Nacional, un grupo de diputados, acompañados de civiles, se dirigió a la sede del tribunal para protestar por esta medida, lo que provocó diversos enfrentamientos con los soldados de la Guardia Nacional. A la hora del cierre de la edición de este periódico, no se había informado de si se registraron víctimas.
Julio Borges, en una alocución en la escalinata de la sede de la Asamblea Nacional, calificó esta sentencia de “basura” y anunció que el Parlamento la desoirá, porque “los diputados están obligados a desconocer cualquier sentencia que viole la Constitución y las leyes”. “Es nula”, sostuvo.
El líder opositor explicó que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda “concentrar todo el poder en sus manos” para “hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana”. El objetivo inmediato, subrayó, es “evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras”. “Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano”, denunció.
A este respecto, Borges advirtió a todas las compañías que accedan a estos contratos que se trata de negocios jurídicos “nulos” porque se basan en una sentencia “nula” y que serán “desconocidos” cuando, “más pronto que tarde”, haya un cambio de Gobierno en Venezuela.
“Estamos ante un golpe de Estado con todas las letras”, aseveró y advirtió a los magistrados del TSJ de que “no van a salir impunes” porque la Asamblea Nacional “va a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela” y en “todas las instancias internacionales”. Borges criticó además que se trata de “una sentencia contra el pueblo venezolano” porque con ella las autoridades pretenden “pasar por encima” de la voluntad de cambio expresada en las elecciones parlamentarias de 2015, que dieron la mayoría a la oposición.
“Listo, ya ocurrió: golpe de Estado en Venezuela”. @mariacorinaya sobre sentencia del TSJ pic.twitter.com/Yy2VuDchv4
— Centro Democrático (@CeDemocratico) 30 de marzo de 2017
“Creen que van a seguir negando la realidad de pobreza, de hambre, de violencia que tiene el país (…) Maduro cree que desconociendo la Constitución va a salvarse de la decisión de cambio del pueblo venezolano (…) pero el mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela”, indicó. “Lo único que le queda es el miedo” y por ello llama a los venezolanos a “ponerse de pie”. “Y así lo haremos, convocamos a acciones de calle y esperamos que el pueblo nos acompañe”, pidió.
“No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada”, añadió. Para Borges “no puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”, por lo que hizo un llamamiento “para que sean los primeros guardianes de la democracia y se conviertan en parte de la solución”.
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, recordó en este sentido que los artículos 333 y 350 “facultan y ordenan a desconocer cualquier acción o régimen ilegítimo y arbitrario” e instó a los venezolanos a “organizarse” para que “no sea una mera declaración”. “Debemos articularnos -oposición, pueblo, diputados y sectores sociales- a fin de hacer valer nuestra Carta Magna y hacer imposible de ejecutar y obedecer toda decisión inconstitucional que emane del TSJ en este momento en el que las acciones del Gobierno, junto a su brazo judicial, violan la Constitución de forma descarada”, señaló.
Por su parte, la también líder opositora María Corina Machado consideró que, ante este “golpe de Estado formal y declarado”, la Organización de Estados Americanos “debe hacerse respetar y actuar ya”.
ATENCIÓN al mundo: GOLPE de ESTADO en nuestra Venezuela! Así son agredidos Diputados de la AN! pic.twitter.com/qFAF9Sow5L
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 30 de marzo de 2017
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el martes para discutir el informe sobre Venezuela del secretario general, Luis Almagro, que pide activar la Carta Democrática contra el país para suspenderle como miembro hasta que recupere la normalidad democrática.
“Los países de la OEA tienen la obligación de acompañarnos”, sostuvo y urgió a activar la Carta Democrática y a que los venezolanos, incluidos los militares, se unan en las calles hasta propiciar la caída de Maduro”. Hoy, la aplicación de la Carta democrática se justifica plenamente. Hay una ruptura del orden constitucional ¡Estamos en dictadura!””, ha defendido, por su parte, Lilian Tintori, mujer del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El ‘Madurazo’
La extrema gravedad de la situación política en Venezuela desatada en la madrugada del miércoles y a lo largo de la sórdida jornada de ayer, al usurpar el Tribunal Supremo las funciones del Poder Legislativo, bajo la burda acusación de “desacato”, precipita al país a un estado de excepcionalidad rayana con la dictadura.
La sentencia del Supremo, bajo control, de facto, del chavismo, en el poder desde 1999, distorsiona la más mínima normalidad democrática, amordaza a la oposición, mayoritaria desde diciembre de 2015, y expone a sus líderes, bajo el calificativo de “traidores a la patria”, una vez desprovistos de inmunidad parlamentaria, a persecución y presidio, si la situación se desboca en las próximas horas. Venezuela corre el peligro de encarcelarse a sí misma frente a la perplejidad internacional. En qué medida podrán contribuir los Estados y organismos pertinentes desde el exterior para recuperar el régimen de libertades, evitar conflictos mayores y ayudar a una solución democrática en las urnas es ahora la gran incógnita. Desde una comunidad genuinamente americanista como Canarias, con lazos de fraternidad forjados históricamente con Venezuela, desde una innegable proximidad humana -ya que no geográfica- entre las dos orillas, los sucesos que vive y padece la república hermana, producen una honda consternación. El cariz de la tensión desatada como reflejan las escenas de enfrentamientos físicos entre diputados y soldados de la Guardia Nacional a las puertas del Supremo, hacen presagiar lo peor. El golpe de Estado, como fue calificado por el candidato presidencial opositor Henrique Capriles -ausente de gira en Colombia- y por la comunidad internacional el sorprendente volantazo del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, provoca una clara colisión entre el Gobierno de Maduro -pertrechado en una torre de poderes extraordinarios absolutos sobre lo humano y lo divino- y las fuerzas democráticas instaladas desde ayer en el limbo de la alegalidad, tras el largo pulso in crescendo que han mantenido desde las pasadas elecciones en que la oposición se impuso de un modo aplastante en el Legislativo. El desgaste e inmolación del chavismo es causa y efecto de un país en la bancarrota, con graves necesidades básicas y al borde de una guerra civil.
El papel del Ejército pasa a ser decisivo en esta encrucijada. Dividida entre la obediencia al régimen que le ordena mano dura para imponer el orden, y la invocación de las fuerzas opositoras para que intervenga en defensa de las libertades abolidas, la Fuerza Armada Nacional era ayer objeto de todas las miradas desde el exterior, mientras algún país vecino como Perú tomaba la iniciativa y retiraba a su embajador en Caracas, disconforme con la deriva de los acontecimientos. La sombra del fujimorazo (el expresidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso y dio un autogolpe en 1992) condiciona al país andino que presideel economista liberal Pedro Pablo Kuczynski. El Madurazo del miércoles es la culminación de un diálogo fallido entre Gobierno y oposición, pese al papel jugado por mediadores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero o el propio papa Francisco. Es el penúltimo capítulo de una emboscada del núcleo duro del chavismo dispuesto a un control in extremis de un país que se le escapa de las manos por el sumidero de la ruina económica y el caos político. Venezuela dejó de ser un asunto interno para ser un asunto internacional, ante el peligro de una crisis humanitaria en toda regla, lo que aumenta la tensión social, al sentirse el régimen amenazado por instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta semana reactivó la demanda de nuevas elecciones.
La imagen del presidente de la Asamblea Legislativa, Julio Borges, rompiendo simbólicamente la sentencia del tribunal que retira las competencias a la Cámara y las asume drásticamente, con el pretexto de la investidura irregular de tres diputados del Estado de Amazonas, se integra en la dramática iconografía de los enfrentamientos de ayer. Nada bueno sobresale entre los pronósticos de los días venideros de la querida Venezuela que estas islas sienten como una extensión propia en el mapa de los sentimientos fraternales. Nada peor que la pérdida de legitimidad. El poder que se ejerce sin ella carece de razón. ¡Jaque mate!
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